Así lo afirmó el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, al ser consultado sobre la petición de la Diputada por Cambiemos, Antonella Maglietti, remarcando el funcionario que ignora quien asesora legalmente a la legisladora con quien tuvo la oportunidad de reunirse semanas atrás para abordar la cuestión de las tarifas de energía, pero lo está haciendo mal.
Las políticas tarifarias son mecanismos que consisten en la toma de decisiones y en donde los funcionarios y ejecutivos responsables de fijar las mismas, atienden asuntos combinados de orden financiero, comercial, técnico, social, regional y político que las conforman, dentro de un esquema netamente empresarial. Evidentemente la Diputada desconoce que la información que tanto pide, de manera constante le llega en su factura a cada usuario del servicio, pues lo que se llama “cargo fijo” es lo que comprende la distribución, facturación y atención de clientes que presta -REFSA- y tal dato aparece bien especificado en la boleta que mensualmente recibimos. Los valores de los mismos se mantienen invariables y, por lo tanto, no existe justificativo para el llamado a una audiencia pública en los términos de la aludida Resolución 422/97 del -EROSP-. Al parecer Maglietti no entiende que lo que se ha incrementado exponencialmente es el “cargo variable”, que representa los costos de Generación y Transporte de Energía (fijados por Nación en Audiencias Públicas, donde nunca se proporcionó información alguna ni datos , al punto tal que todas ellas fueron tachadas de nulas y han sido impugnadas en los fueros federales) los cuales se realizan fuera de la jurisdicción provincial por intermedio del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, el cual, precisamente, dispuso y dispone los incrementos que vemos reflejados en las facturas de energía desde Diciembre de 2015 a la fecha. De esto es lo que todo un País, por intermedio de sus Gobernadores y Legisladores Nacionales, está pidiendo cuentas al Ing. Mauricio Macri, porque es en tales sectores (generación y transporte) donde se han generado las subas irracionales. Considero importante que la empresa REFSA muestre su estructura de costo, remarcó el Defensor del Pueblo, pero soy plenamente consciente de que las subas provienen de las Resoluciones que dicta el Ministro de Energía de la Nación, Ing. Juan José Aranguren y que son de público conocimiento, aumentos que son autorizados y puestos a consideración en puestas de escenas que pretenden considerarse “Audiencias Públicas”, pero, que precisamente no nos suministran la información adecuada y veraz que nos merecemos los usuarios y sólo cumplen el papel de mera formalidad para evitar ulteriores planteos judiciales que existieron cuando no se realizaban tales pantomimas. Lo de la aplicación errónea de la tarifa social es una circunstancia que hemos detectado, comunicado a -REFSA- y la misma lo ha reconocido, siendo obligada por Resolución del -EROSP- a devolver lo mal facturado, con más un 20 % en concepto de penalidad. Pero el yerro que afecto al 14 % de todos los beneficiarios de la Tarifa Social , no guarda relación con el costo de la energía que debemos pagar el 100 % de los formoseños, pues tal valor lo impone el Gobierno Nacional y quiero no creer que nada menos que una legisladora provincial no lo sepa. Como decía, terminó diciendo Gialluca, es saludable que toda empresa prestataria de servicios, exhiba su estructura de costos, más si el servicio es público y si existen desaciertos en sus cálculos que se corrijan y sean sancionadas, como pedimos y finalmente se hizo. Como así también es saludable situar una problemática donde corresponde, el actual costo de la energía no está pudiendo ser soportada por las clases bajas y medias del país y es por ello que, para evitar un caos, el Presidente Macri pretende salir del paso prorrateando las subas financiando las facturaciones que se emiten más intereses, lo que no cambia la circunstancia de que los usuarios, especialmente los del interior del país, debamos soportar los astronómicos precios de la energía, respecto de los cuales sólo se nos informa en las audiencias públicas que tenemos que afrontarlos, puesto que nunca se ha hecho lugar a petición alguna a favor de los usuarios, y existe un abuso de las mismas por su carácter de no vinculantes y así se aprueban luego costos elevadísimos para que les vaya bien a las empresas que generan y transportan y mientras tanto, los usuarios del interior, ven como el 50% de sus ingresos se destinan a pagar servicios públicos esenciales.