Señalaron desde el Organismo de la Constitución que, desde que se decretó el Aislamiento Social Obligatorio, se han incrementado sustancialmente las relaciones de consumo mediante plataformas digitales y es aquí donde venimos detectando graves irregularidades que afectan, no solamente a los consumidores, sino también a comerciantes.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, son permanentes los reclamos y denuncias que recibimos originadas en estafas y abusos que involucran a Mercado Libre y su subplataforma Mercado Pago. Las más comunes son aquellas en las que los consumidores pagan los productos, pero estos nunca llegan. O en su defecto los que se envían sufren defectos en sus funciones y al devolverlos, los comerciantes aducen que deben cobrar otros precios, obviamente más altos, porque la compra primera se realizó en una promoción o ya no tienen más stock de los bienes, y aquí el problema es que para la gente es prácticamente imposible comprobar estos extremos. Otra situación se da, cuando el comprador anula la venta y recupera su dinero, pero el vendedor pierde el producto. También están los casos en que se realizan importantes compras y el adquirente exige determinada facturación y frente al compromiso de Mercado Libre o de las casas comerciales, luego no se concretan y el damnificado siempre son los consumidores. Por último, Gialluca, señaló que, lo peor son los hackers que concretan llamadas supuestamente de Mercado Libre para actualizar las cuentas y es aquí donde se hacen de todos los datos esenciales de las cuentas de Mercado Libre y las vacían. Por ello, en estos casos, se sugiere hacer los reclamos y denuncias a los call centers, donde normalmente nunca se obtiene una respuesta favorable o resarcimiento económico, por lo que, si bien es una pérdida de tiempo, se debe realizarla, solicitar todos los datos de trámites y demás, para con ellos acudir a la Defensoría del Pueblo, desde donde se continuarán con las gestiones necesarias hasta obtener lo que cada persona plantea y de ser necesario se irá por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario, y por último queda la instancia judicial.
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