Gialluca señaló que las variables sanitarias y económicas actuales, ameritan que se prorroguen, hasta que mejoren las antes citadas, pues de esta manera, se protege a los sectores más vulnerables de nuestra Comunidad-
Desde la Defensoría del Pueblo, considerando que el próximo 30 de septiembre, finalizan dos decretos, por un lado, el que congela el precio de los alquileres y suspende los desalojos, y por el otro, el que mantiene sin aumento las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, se remitieron sendas Actuaciones, tanto Jefe de Gabinete de Ministros Lic. Santiago Andrés Cafiero y a la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat Arquitecta María Eugenia Bielsa, peticionando la prórroga de los mismos, toda vez que, mediante los citados se protegen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que deben enfrentarse también a la grave crisis sanitaria producida por el coronavirus y a los aumentos de contagios que se da en todo el país. Así, el Organismo de la Constitución, requirió se prorrogue por un plazo razonable, teniendo en cuenta algún momento en que se pueda vislumbrar una normalización sanitaria y económica, el decreto que congeló los incrementos de los alquileres, prohibió los desalojos por un plazo y extendió automáticamente la vigencia de los contratos como consecuencia de la crisis por la pandemia de Covid 19. El pedido de la institución se sustenta en que la vigencia de la norma culmina el 30 de septiembre y hasta el momento no se vio modificada la situación de emergencia sanitaria que motivó la decisión del Gobierno Nacional; en más podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que la actual situación es más grave que la que vivimos cuando se dictó esta norma. Se fundamentó el requerimiento en que el derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales –incorporados a la Constitución- lo reconocen, como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 14). Por ello se requirió que, se dicte un nuevo decreto concediendo una prórroga razonable al Decreto Nº 320/2020, por el plazo que conforme previsiones sanitarias y económicas efectuadas por el área respectiva se prevea una normalización de las actividades que permitan volver a las condiciones anteriores a la emergencia sanitaria; y que dicha extensión se dé en las mismas condiciones de la norma citada y con el mismo alcance, en atención al principio de igualdad establecido en la Constitución Nacional y Provincial. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, además solicitó la prórroga del Decreto Nº 319 por el cual se congelaron las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios UVA al valor de marzo y las comunicaciones del Banco Central que permiten diferir el pago de las cuotas con vencimiento entre abril y septiembre, hacia el final de la vida del crédito. En este caso, si bien seguramente tendrán que dar sus posturas el Ministerio de Economía y el BCRA, esperamos que en atención a la grave situación económica que se vive, el Estado Nacional continúe estando presente en estos casos y de no ser posible el financiamiento que se venía concretando, se pase a un sistema de “esfuerzo compartido”, por el cual, todos los hipotecados puedan enfrentar los montos adeudados y que las cuotas dejen de -ajustarse por inflación-, puesto que, durante los últimos 2 años nuestro país tuvo una inflación muy alta y los salarios perdieron gran parte de su poder adquisitivo real. Entre otras cuestiones planteamos que, de no darse una solución de fondo, es necesario prorrogar el DNU Nº 319 y encontrar una fórmula de ajuste, cuyo esfuerzo no recaiga únicamente sobre las espaldas de las familias tomadoras de estos créditos.
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