La Defensoría del Pueblo, organismo que planteo oportunamente en nombre y representación de los usuarios de la prestataria Movistar en nuestra provincia, por ante la CNC, que se apliquen sanciones a esta empresa y también a las demás prestatarias por una serie de irregularidades adoptadas en forma unilateral e ilegalmente por las telefónicas y que perjudican directamente a los usuarios; dio a conocer que el Organismo de Fiscalización Nacional, aplicará sanciones a la empresa de telefonía en caso de comprobar irregularidades en la comunicación de los cambios de planes que podrían afectar hasta 1.700.000 usuarios, y que implicaría la obligatoriedad de retrotraer la situación y la aplicación de multas.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca expreso que conforme a las Actuaciones remitidas tanto a la Secretaría de Comunicaciones de Nación a cargo de Norberto Berner y a la CNC a cargo de Ceferino Namuncura¸ “se acredito que las modificaciones realizadas por las telefónicas fueron inconsultas y además ilegales, a lo que se le sumo que en algunos pocos casos se hicieron – graciosas notificaciones- a través de mensajes de texto, cuando las normativas vigentes establecen claramente que las mismas deben practicarse a través de medios fehacientes.
Desde mediados de marzo del corriente año a través de los reclamos de los usuarios se detectaron cambios en la facturación de los datos de internet en la empresa Movistar, por lo cual la compañía fue imputada por la Comisión Nacional de Comunicaciones, de no cumplir con la correcta notificación de las modificaciones, ni con los plazos correspondientes.
Como parte del proceso administrativo de la imputación, la prestadora tiene un plazo establecido para presentar su descargo, que vence la semana próxima y a partir del cual el Estado Nacional estará en condiciones de tomar medidas efectivas.
Las sanciones que se podrán aplicar de comprobarse irregularidades en la comunicación de los cambios, de no resultar satisfactorio el descargo de la empresa de telefonía móvil, se determinará en función de la cantidad de gente afectada, lo que hace variar la multa, pero que contempla el máximo de 12 millones de unidades de tasación.
Además, el organismo regulador puede intimar a la empresa a que retrotraiga la situación, disponer que reintegre los montos mal facturados y aplicar una multa diaria en caso de no cumplir; extremos estos que ya hemos peticionado desde la Defensoria del Pueblo, puesto que es necesario que cada usuario obtenga una compensación económica y ella debe venir a través del reintegro de los montos mal facturados por parte de la empresa de telefonía celular.