–Al desmantelamiento de la red ferroviaria nacional, lo que genera un mayor tránsito en las rutas, ahora se suma irregularmente una modificación de los límites con el cual los camiones pueden circular sobre rutas, ignorando la Ley Nacional de Tránsito–
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, responsabilizó y denunció al Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger por habilitar la circulación de camiones de hasta 30 metros y 75 toneladas mediante el Decreto 689/26 firmado por Javier Milei, Luis Caputo y Diego Santilli, que por un lado coloca en grave riesgo la vida de los usuarios al permitir el tránsito de esas formaciones sobre una red vial deteriorada y sin ningún control con balanzas que fiscalicen el peso de los vehículos, y por otra parte, afirmó que el Decreto antes citado, se encuentra contradiciendo y por fuera de los límites establecidos por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, que define los pesos y medidas del transporte pesado. El Ombudsman Provincial señaló que el estado actual de la red vial representa uno de los principales problemas frente a la aplicación de la norma. Hay puentes con restricciones de carga, rutas de calzada simple, banquinas inestables y radios de giro que no fueron pensados para formaciones de semejante longitud, por ello remarcó que “No alcanza con autorizar el camión: primero hay que tener la ruta capaz de recibirlo”.
Es que la política y gestión del Gobierno Nacional se basa en un Excel que nunca se condice con la realidad y esto sucede con las rutas, en pleno escándalo por el desvío de más de 1 billón de pesos recaudados por el impuesto al combustible que debe ser destinado a obras viales, habilitan que los camiones puedan transitar con mayor peso. El orden de las decisiones debió ser el inverso. Primero había que recuperar la infraestructura y verificar los corredores. Acá se hizo lo contrario: primero se libera la circulación y después se ve si la ruta aguanta”, con lo cual tenemos asegurado que el deterioro se va a agravar y esto va a terminar costando vidas. Además, el alcance jurídico del Decreto 689/26 no puede modificar los límites establecidos por la Ley de Tránsito, un decreto puede reglamentar una ley, pero no puede reescribirla, con lo cual, si el Gobierno Nacional quiere cambiar una ley, tiene que ir al Congreso. Vaciar Vialidad, abandonar las rutas y después habilitar camiones más grandes y pesados no es modernización: es convertir la infraestructura pública en la variable de ajuste del negocio privado, y en este contexto es que hemos Institucionalmente solicitado se deje sin efecto el Decreto 689/26 previéndose que ante la falta de respuestas se interpondrán las impugnaciones judiciales contra el mismo.