-La Provincia de Formosa por sus estructuras sanitarias similares y volumen de asistencia pública deberá destinar entre $1.000 millones y $1.200 millones de pesos mensuales adicionales para cubrir el bache de insumos que origina el recorte del Programa Remediar-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, rechazó la Resolución Nº 1447/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, que redujo los medicamentos gratuitos de 128 a 6 principios activos vinculados a enfermedades cardiovasculares. El Funcionario Provincial, señaló que, desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se está trabajando en esta medida y se prevé pedir una Audiencia con el Ministro de Salud de Nación para que se restituya el vademécum completo del Plan Remediar o si el Gobierno Nacional pretende que las provincias se hagan cargo, deberán girar los fondos necesarios. Esta norma fue publicada el 15 de octubre y derogó el vademécum aprobado en 2021, que comprendía 128 medicamentos en distintas formulaciones y lo reemplazó por seis principios activos destinados a enfermedades vasculares. Aunque mantiene otros listados nacionales y no dispone la suspensión automática de toda provisión restante, restringe sustancialmente esta referencia para las compras y la distribución nacional, sin establecer un mecanismo detallado que asegure el reemplazo de los tratamientos excluidos. La preocupación alcanza a quienes requieren medicamentos para diabetes, afecciones respiratorias, hipotiroidismo e infecciones, entre otras enfermedades. Si no existe una provisión alternativa suficiente y oportuna, aumentará el riesgo de interrupción de tratamientos, agravamiento de enfermedades y necesidad de atención de urgencia. Priorizar la salud vascular exige sostener también los tratamientos de otras patologías y de sus factores de riesgo. Esta decisión se adopta mientras las provincias enfrentan restricciones financieras. IARAF estimó que las transferencias automáticas nacionales, que incluyen coparticipación, leyes especiales y compensaciones, acumularon una caída real del 0,6% entre enero y septiembre de 2026 frente al mismo período de 2025, pese al repunte interanual registrado en septiembre. En ese contexto, trasladar mayores necesidades de compra de medicamentos a las jurisdicciones sin recursos suficientes profundiza la presión sobre sus presupuestos. La debilidad de la recaudación vinculada al mercado interno agrava el cuadro. CEPA estimó una caída real interanual del IVA del 5,8% en septiembre; CAME informó que las ventas minoristas pyme acumularon una retracción real del 2,1% entre enero y septiembre frente al mismo período de 2025. El cierre de industrias y pequeñas y medianas empresas, junto con la pérdida de empleos y la baja del consumo, reduce la actividad gravada y contribuye al deterioro de la recaudación nacional, provincial y municipal, mientras debilita los ingresos familiares. Cada establecimiento que cierra y cada empleo que se pierde aminoran la capacidad de las familias para afrontar gastos de salud y pueden aumentar la demanda sobre hospitales y centros públicos. Si además se reduce la provisión nacional, el costo termina recayendo sobre provincias con capacidades desiguales y sobre hogares que ya tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas. “Resulta inadmisible que una persona deba interrumpir su tratamiento porque no puede comprar un medicamento.
La responsabilidad nacional debe expresarse en provisión, financiamiento y coordinación federal suficientes para garantizar el derecho a la salud”. Para defender los derechos de los ciudadanos y actuar frente a su vulneración, esta Defensoría impulsará las siguientes actuaciones a nivel nacional, dentro de su competencia: * Revisión urgente de la medida. Se solicitó al Ministerio de Salud la revisión de la Resolución 1447/2026 y la suspensión de sus efectos restrictivos hasta asegurar una cobertura alternativa suficiente, continua y verificable, con participación de las provincias. * Información pública y continuidad de tratamientos. Requerir el detalle de medicamentos, cantidades, compras, existencias y cronogramas de entrega; identificar qué programa cubrirá cada tratamiento excluido y exigir garantías durante la transición. * Financiamiento federal. Reclamar a los Ministerios de Salud y de Economía un esquema de provisión y financiamiento que contemple la situación fiscal provincial, preserve la equidad territorial y evite trasladar gastos a las familias. * Intervención del Congreso de la Nación. Solicitar la intervención de las Comisiones competentes y promover garantías legales de continuidad, financiamiento y control de la provisión de medicamentos esenciales. * Evaluación de acciones judiciales. Ante interrupciones o amenazas concretas al acceso, se evalúan amparos y medidas cautelares con quienes tengan legitimación, ante la jurisdicción competente, para obtener protección urgente de los tratamientos.