Desde el Observatorio Electoral que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, y ante las acciones que el Senado iniciaba ayer con el debate en comisión de una serie de proyectos orientados a modificar la ley electoral, incluyendo uno impulsado por el Poder Ejecutivo que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados e introduce el uso de la boleta electrónica y la paridad de género en las listas; siendo que este medio de votación se encuentra ampliamente cuestionado, el Instituto entre otros antecedentes , adopto el recepcionado desde los Departamentos de Informática de distintas universidades nacionales e institutos del Conicet que se manifiestan objetivamente en contra del voto electrónico o del uso de la boleta electrónica , principalmente por cuestiones de seguridad.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señalo que son los expertos en informática, docentes e investigadores que dedican su tiempo, su pasión y su energía a esta disciplina, los que afirman que la tecnología tiene mucho para aportar a la sociedad. Sin embargo, también conocemos sus limitaciones y por eso somos conscientes de que es prácticamente imposible construir sistemas que brinden máximas garantías de inviolabilidad como las que requiere un sistema de votación.
El proyecto de ley actualmente en debate en el Congreso de la Nación pena con años de cárcel el estudio o análisis de estos sistemas para encontrar vulnerabilidades, paso sin el cual no es posible mejorar ninguna implementación. De ser aprobada esta ley no tendremos posibilidad de investigar su funcionamiento y podríamos llegar a ser tratados como criminales sólo por hacer nuestro trabajo.
Aun los sistemas más auditados del mundo tienen fallas que permanecen sin detectarse durante muchos años. En un sistema de votación, estas fallas podrían permitir adulterar los resultados (especialmente en elecciones reñidas) o identificar a los votantes. Una auditoría de seguridad del software y del hardware involucrados en un sistema electoral requiere largos periodos de tiempo a manos de un grupo de expertos y luego algún mecanismo electrónico que permita verificar que en cada cuarto oscuro tanto el software como el hardware se corresponden exactamente con el que ha sido auditado, ya que cualquier pequeño cambio podría alterar su comportamiento de forma maliciosa. Este tipo de verificación resulta inviable en la práctica.
Cualquier máquina de votación, incluso una simple impresora, es un dispositivo programable que cuenta con memoria, lo que podría permitir múltiples mecanismos de identificación de votantes o adulteración de resultados, algo sobre lo que hay sobrada evidencia internacional.
Por estos motivos son sólo una minoría los países del mundo que utilizan dispositivos electrónicos en su sistema de votación, ya que la complejidad que tiene la tecnología por sí misma elimina la posibilidad de control que debería poder ejercer cualquier ciudadano. En consecuencia, solicitamos al Congreso de la Nación que no autorice la utilización de equipamiento informático para emitir los sufragios; por todo lo antes expuesto y porque es necesario un debate más amplio e integral hacia todas las regiones del País, incluyendo sus actuales realidades sociales, económicas, culturales y políticas.