La -Dirección de Derechos Humanos y Grupos Minoritario – Discriminación – Xenofobia – Trata de Personas- Discapacidad – de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, “frente a la denuncia de que militar formoseño – habría sufrido una brutal golpiza y torturas dentro del RIM 29”, invitara formalmente para el día de la fecha al Auditor del Ejercito designado por la Institución para llevar adelante las investigaciones correspondientes dentro de los parámetros que tiene competencia la Justicia Militar y que solo valdría para casos de “especifica y estricta naturaleza militar”, y asi conocer detalles mas precisos de lo sucedido.
Desde el Organismo de la Constitución Provincial, se estudia pedir la formal intervención de los Fiscales Federales de Turno en Formosa; ya que el Senado de la nación sancionó en el año 2.008 la ley que derogo el Código de Justicia Militar; esto significo añadió el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca la eliminación del último vestigio que quedaba en el ordenamiento jurídico vigente en la Argentina que contemplaba la pena de muerte, castigo rechazado por la Convención Americana de Derechos Humanos, que se encuentra incorporada a la Constitución Nacional desde la reforma de 1994.
A partir de la promulgación del nuevo Ordenamiento Jurídico, los efectivos de las Fuerzas Armadas serán juzgados por la Justicia Federal, en acuerdo con los Códigos Penal y Procesal Penal y ya no por sus pares, como lo establecía el Código de 888 artículos aprobado en 1951, y sus modificatorias.
Si podemos adelantar que las Autoridades actuales del RIM 29 se han abocado y lo están haciendo hasta el día de la fecha, a cubrir todas las necesidades que el joven militar necesita para recuperar su integridad psicofísica y será trasladado hasta una unidad de la provincia de Buenos Aires para proseguir y culminar con las atenciones medicas necesarias.-
No obstante lo cual es un hecho grave pues pediremos que se investigue en qué contexto sufrió este militar las lesiones gravísimas que posee y que las Autoridades Militares administrativamente, “den de baja a quienes corresponda y por otro lado que la justicia federal deslinde también responsabilidades, mas allá de las acciones civiles y penales que podría interponer la víctima o sus familiares u otros integrantes del Ejercito involucrados en este hecho realmente preocupante para toda nuestra Comunidad ya que se trata de personas que normalmente por sus funciones están armadas y deberían ser el ejemplo para la ciudadanía y no noticias por hechos de estas características”.-
