La Defensoría califica a la medida de arbitraria e infundada y solicitará al Gobierno Nacional la realización de Audiencia Pública.
La Defensoría del Pueblo, calificó de arbitrario e infundado al nuevo cuadro tarifario para la energía dispuesto por el Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren. Desde la -Dirección de Derechos del Consumidor, Usuarios, Contribuyentes y Relaciones de Consumo-, del Organismo de la Constitución, remarcaron que la arbitrariedad de la medida adoptada por el Gobierno Nacional surge del hecho de que se está imponiendo el triple de la facturación de energía eléctrica, lo cual afecta enormemente los intereses económicos de los usuarios, por ende, conforme el postulado del Art. 42º de la Constitución Nacional, debe, de ante mano, ser debidamente informado a los destinatarios de la decisión, que no somos otros que los usuarios, lo cual nos asegura la posibilidad de oponernos, dado que el mandato que debe cumplir el Gobierno Nacional, es el de “velar por la protección de nuestros intereses económicos” para lo cual, debe asegurarnos una “adecuada y veraz información”, en los términos de nuestra Carta Magna Nacional. Nada de esto se está cumpliendo, por el contrario, el titular de la Cartera de Energía y Minería de la Nación, se limitó a expresar que: “Ante el desfasaje existente entre los costos reales y los precios vigentes, y considerando las posibilidades de pago de los usuarios y la conveniencia de prevenir un impacto negativo en la economía nacional, resulta necesario sancionar un precio estacional único a nivel nacional para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) – según afirmó – todavía sensiblemente menor al costo real de abastecimiento del sistema.”
Sobre este particular, el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca expresó: “Los argumentos expuestos por las autoridades nacionales aparecen claros y tienen que ver con la rentabilidad empresaria la cual, si bien representa un sector de la economía nacional, no lo es todo, como se nos pretende hacer creer. Nosotros consideramos que especialmente los usuarios que “no tienen posibilidad de pago de la tarifa son los que deben ser contemplados”, con base en la experiencia, no presumimos que todos los usuarios tienen capacidad de pago y es más, que puedan soportar que se les triplique la factura de electricidad”. Esto y otros puntos que propondremos, esperamos sean debatidos, como corresponde, en un ámbito Democrático de participación ciudadana. En el día de la fecha se está remitiendo la solicitud formal al Gobierno Nacional y, aunque el mismo la descarte, convocaremos a las demás Defensorías del Pueblo del País, a Organismos Estatales de las Provincias, a las Asociaciones de Defensa de los Usuarios y Consumidores y a cada empresa y/o particular que desee sumarse, pues estamos convencidos que la cuestión del porcentaje de aumento en las tarifas y los precios estacionales deben ser ventilados y tratados en Audiencias Públicas y no de la manera que se quiere imponer avasallando los derechos constitucionales de todos los usuarios.