La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa a través de su Titular y junto al Representante de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Nación, señalaron que sin entrar en cuestiones políticas la designación de dos nuevos miembros para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha dado en un marco que resulta contrario a las normativas Republicanas vigentes y basándose en artículos de la Constitución, que han sido pensados para el siglo XVIII. Por ello y junto a otras Defensorías del Pueblo del País nos resulta algo sumamente desprolijo e irregular lo concretado por el nuevo Gobierno Nacional. Evidentemente, es muy difícil en nuestro País para quienes ocupan relevantes cargos nacionales, poder respetar las normas y garantías de la Democracia y a lo largo de nuestra historia, se ha dicho una cosa en campaña y se ha hecho otra, una vez que se tiene los atributos del poder.
Es por ello que Institucionalmente nos parece inadecuado, apresurado y como un acto que llena a nuestro Pueblo de mas descredito e inseguridad jurídica hacia quienes nos prometieron hace unos días cambiar y trasparentar las Instituciones de la Republica y en este caso el Presidente Mauricio Macri decidió ignorar el mecanismo vigente para completar los puestos vacantes en el máximo tribunal y mediante un decreto designó a Carlos Rosenkrantz, constitucionalista y rector de la Universidad de San Andrés, y a Carlos Rosatti, también constitucionalista y ministro de Justicia en los comienzos de la presidencia de Néstor Kirchner. Estarán “en comisión” por un año, hasta que la Cámara alta defina sus pliegos. El Jefe de Estado decidió no llamar a sesiones extraordinarias para aprobar los mismos y de acuerdo a un comunicado de Presidencia se amparó en lo determinado en el Artículo 99, Inciso 19, de la Constitución Nacional, que lo faculta a “llenar vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.