En el marco del pedido de una Audiencia Multipropósito bajo la modalidad de teleconferencia por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, este jueves a las 9 de la mañana, comparecieron virtualmente por ante el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del Dr. Pablo Morán, Secretaria a cargo de Santiago García Labarthe.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, el Presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes Don Esteban Ramírez, participando además la Fiscal Federal Nº 1 Marisa Vázquez y en representación de los denunciados, la Defensora Oficial Rosa Maria Córdoba, siendo los mismos Sanagachi Ylda, Pariente Daiana Clara, Alcura Leda Ceferina y Caballero Sindulfo, quienes desde las instalaciones del Escuadrón XVI de Gendarmería Nacional, se conectaron virtualmente.
Los reclamos de los mismos, se centraron en tres puntos consistentes en: * La demanda de nuevas viviendas para familias que no las poseen o quienes teniendo una, han visto crecer exponencialmente el número de integrantes, lo que implica que no les alcanza con una solución habitacional, requiriendo otras para sus hijos y nietos. * La necesidad de que los módulos alimentarios en el caso de fallecimiento de sus beneficiarios continúen brindándose a sus familiares. * Por último, la obtención de pensiones o beneficios sociales para niñas/os o personas discapacitadas.
En relación al pedido de nuevas viviendas para integrantes de la Comunidad “La Primavera”, el Presidente del ICA resaltó que, durante los últimos cuatro años del Gobierno Nacional anterior, no tuvieron la posibilidad de construir nuevas soluciones habitacionales, por lo cual, señaló que se entiende las problemáticas que han surgido y que las mismas tendrán una respuesta conforme a los Programas y desembolsos de fondos que el actual Gobierno Nacional viene concretando en esta materia. El Defensor del Pueblo, pidió que, se hiciera un relevamiento en terreno de las familias que necesitan una vivienda para posteriormente establecer prioridades en las demandas existentes, lo cual fue aceptado por los reclamantes, quienes además se comprometieron a colaborar en la identificación de las mismas. Se dejó aclarado totalmente de que, al fallecer un beneficiario de un módulo alimentario, automáticamente sin trámite administrativo alguno, el mismo debe pasar a sus herederos, por lo que, el ICA recomendará a las Áreas Competentes que, estas medidas se cumplan efectivamente en los hechos. En relación a los trámites para personas discapacitadas, Gialluca solicitó a los reclamantes que individualicen a las mismas y de esta manera, se trabajará mancomunadamente para realizar la recopilación de todos los antecedentes necesarios, de modo tal que, con ellos se inicien los trámites pertinentes por ante los Organismos Nacionales o Provinciales con competencia en esta materia y de ser necesario, historias clínicas o certificaciones médicas de especialistas, la Defensoría del Pueblo les facilitará las entrevistas y turnos necesarios para así obtener las documentaciones imprescindibles para cada caso en particular. El Juez Federal Pablo Morán manifestó su deseo de recorrer la Comunidad de La Primavera para tomar contacto directamente con todos sus integrantes, lo cual, aclaró que actualmente no se puede concretar por la pandemia del coronavirus, no obstante, lo cual, vuelta a la normalidad sanitaria, se comunicará con sus integrantes para visitarlos e interiorizarse personalmente en terreno sobre las demandas que hoy están realizando y les aclaró que la utilización de estos espacios de diálogos son los instrumentos necesarios para tomar contacto con las Autoridades Provinciales y no cometer el delito de entorpecimiento de servicios públicos previstos en el art. 194 del CPA, de manera tal que, ningún miembro de la Comunidad tenga que cargar con antecedentes penales que luego constituirían un inconveniente para los mismos. El Señor Sanagachi Clemente, por último, pidió que todo lo hablado por las partes, quede sentado en acta y que se le remita una copia para hacer conocer la misma a las demás personas que se encuentran en el corte de la Ruta Nacional Nº 86, por lo que, el Secretario Penal, se comprometió a remitirle inmediatamente una copia de la misma, satisfaciendo así este pedido. A su turno, el Juez Federal, hizo dejar constancia en la misma que los reclamantes habiendo recibido las respuestas a cada uno de sus planteos y siendo debidamente informados, se comprometían a retirarse de la calzada y de este modo, permitir que los docentes puedan circular libremente para continuar con sus trabajos en los distintos Establecimiento Educativos de la zona, viéndose beneficiados también personal de la salud, el transporte de mercaderías en general y el tránsito de vehículos de ciudadanos que requieran desplazarse libremente por la misma para acceder a diversas necesidades que se le plantea a cada uno de ellos.
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