El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, reveló que conforme un informe elaborado sobre la base de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la nómina del personal del Estado nacional muestra que el 25% de los efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad con créditos se encuentra en situación de mora, más del doble que el promedio registrado en el resto del empleo público nacional. Según el relevamiento, 43.784 efectivos presentan atrasos en el pago de sus deudas.
En otras palabras, uno de cada cuatro integrantes de las fuerzas que tomó un crédito ya no logra cumplir regularmente con sus obligaciones económicas, una situación que refleja el creciente deterioro del poder adquisitivo de los sueldos del sector. El informe ubica a las fuerzas armadas y de seguridad entre los organismos con mayor nivel de endeudamiento del Estado nacional. El Ejército Argentino encabeza el ranking con un índice de morosidad del 29,3%, seguido por el Servicio Penitenciario Federal con 28,1%, la Policía Federal Argentina con 23,8%, la Gendarmería Nacional con 23,6%, la Prefectura Naval Argentina con 21,5%, la Fuerza Aérea con 21,2% y la Policía de Seguridad Aeroportuaria con 20,6%. Mientras tanto, el promedio del resto de la administración pública nacional se ubica en 10,8%, menos de la mitad del registrado entre los uniformados.
El Ombudsman Provincial señaló que el fenómeno de la mora en el endeudamiento familiar es verdaderamente preocupante en la Argentina, con el sistema bancario es de 12,7% el más altos desde la crisis del 2001, mientras que en las plataformas fintech e informales se disparó al 29,6%, afectando a 3,4 millones de usuarios. Gialluca denunció que son dos las variables asociadas a los endeudamientos, por un lado, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026 alcanzó más del 327% y por otra parte los incrementos de los servicios públicos esenciales dispuestos por el Estado Nacional en la energía eléctrica, gas envasado, combustibles líquidos que se trasladan a los valores de todos los productos de la Canasta Básica Alimentaria. Por último, agregó que cuando una persona comienza a pagar únicamente el mínimo de la tarjeta de crédito, la situación se convierte en delicada, sube el nivel de riesgo y las tasas de interés. El usuario por una compra de 200.000 pesos, termina pagando más de $ 300.000 mil, solo por adquirir alimentos en un supermercado y si «continua tarjeteando» todos los meses, la deuda se convierte en una bola de intereses que se extiende cada vez más y cree, hasta qué se cae en mora con todas las consecuencias que ello conlleva, siendo la Argentina el único país que tiene estos niveles de gastos para refinanciar las deudas y donde o el Congreso Nacional o el PEN, deben avocarse a esta problemática, «que no es únicamente un problema entre privados», ya que el BCRA y otros organismos deben implementar urgentes medidas de alivio para que los usuarios endeudados puedan pagar sus deudas y al mismo tiempo atender las necesidades principales de sus familias.