En la Sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se llevó a cabo una Reunión de Trabajo de la cual participaron previamente citadas, Representantes del Programa “Mejor Calidad de Vida” del Ministerio de la Comunidad: Coordinadora,  María Villalba y Agustina Gómez; las referentes de vecinos que habitan en los asentamientos del Barrio El Porvenir y que se han manifestado cortando la Ruta Nacional Nº 11 a la altura del Centro Religioso Juan Pablo II, para reclamar el otorgamiento de Módulos Habitacionales: las Sras. Celia Martínez, Sonia Romero y Paulina Giménez; quienes fueron recibidas por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, el Secretario Letrado Dr. José Porfirio García, el Representante de la Defensoría del Pueblo de Nación, el Dr. Julio Santander, el Asesor Letrado Dr. Leonardo Sánchez y Ornella Barraza.

En primer lugar, Gialluca invitó a las manifestantes a expresarse respecto a su situación particular, donde Celia Martínez expreso que es madre soltera de tres hijos de 12, 8 y 4 años de edad respectivamente, que no recibe ayuda del padre de los menores, sí de los beneficios como la AUH y que no tiene adónde ir, siendo que actualmente vive de manera muy precaria con goteras en su techo. Asimismo, Sonia Romero señala que sufrió inundaciones y también se le incendió la casa, que no recibió la ayuda que requirió en esas ocasiones, por lo que se vio en la necesidad de recurrir a la forma de reclamo mediante el corte de ruta. Agrega que los vecinos no usurparon los terrenos ocupados, sino que fueron ubicados allí; que no pueden edificar ni hacer mejoras y desconocen quiénes son los propietarios de dichos terrenos. Seguidamente, Paulina Giménez indica que tiene dos hijos, de 5 años y diez meses respectivamente, que tanto ella como su pareja efectúan changas, que en el asentamiento se le voló el techo de su precaria vivienda, filtra el agua y casi queda electrocutada por las conexiones eléctricas irregulares que existen, y que los vecinos son constantemente amenazados con ser desalojados del predio, puntualmente por el coordinador de los ladrilleros, el Sr. Ricardo Insfrán y otros. Que con la pandemia no hay trabajo y se encuentran en una situación muy desfavorable y preocupante. Toma la palabra la Coordinadora del Programa “Mejor Calidad de Vida” María Villalba, que explica el modo de trabajo y los criterios utilizados, los cuales se encuentran estipulados en la Resolución Nº 801/17 del Ministerio de la Comunidad, de donde surge que en primer término, tienen como prioridad: las personas que posean 4 o más hijos o menor cantidad de hijos, pero que cuenten con un certificado de discapacidad, una historia clínica, hayan sufrido violencia o abuso sexual. Al respecto, expresa que en el año 2020 se entregaron 325 módulos. Que en el corriente año comenzaron a tratar la situación de familias con 3 hijos, pero que el tiempo de entrega de los módulos -en todos los casos- depende de las cooperativas que los construyen. Que los pasos a seguir comprenden: 1) La entrevista, 2) La entrega de la documentación requerida; 3) La visita a los domicilios para constatar que es fehaciente la situación declarada por la interesada/o en obtener el módulo. Agrega, además, que no se trata solamente de entregar los espacios habitacionales, sino que se deben ocupar también, de las instalaciones y servicios esenciales. Por ello las personas inscriptas que completan los requisitos antes mencionados, serán beneficiarias efectivas. Así la función de las entrevistas a los domicilios sirve a los efectos de otorgar los módulos solamente a aquellos que sigan los pasos estipulados. Respecto al corte de ruta, Gialluca explica que es un delito y que es responsabilidad de los manifestantes que lo llevan a cabo, sin embargo, no por ello perderán los beneficios que les corresponden. Expresa también, la necesidad de identificar a los propietarios de los terrenos -que en este caso sería la Cooperativa de Ladrilleros- ya que ocurre que se venden terrenos sin boleto de compraventa por personas que no son los dueños de los mismos, y como resultado de esta irregularidad, terminan siendo perjudicadas mujeres con sus hijos a cargo. El Ombudsman afirmó que el Organismo de la Constitución actúa en estos casos como garante de los beneficiarios, trabajando coordinadamente con el Ministerio de la Comunidad, para lo cual es importante seguir los pasos establecidos en la Resolución Nº 801/17. En cuanto a la cuestión de las posibles amenazas o avasallamientos de cualquier tipo de derechos, el Defensor del Pueblo insta a los presentes a efectuar las denuncias pertinentes, de manera anónima si así lo quisieran, ya que estas acciones son intolerables y se debe dar aviso de las mismas. Señaló luego, que, de existir personas que entorpezcan el trabajo del Ministerio de la Comunidad hablando en su nombre sin estar autorizados, se procederá a realizar un relevamiento para resolver esa anomalía. Por último, exhorta a las manifestantes a que dialoguen con las familias que actualmente están provocando el corte en la Ruta Nº 11 y cesen con la medida. Siendo aproximadamente 15hs. las vecinas/os deciden “continuar los trabajos de relevamientos del Ministerio de la Comunidad para la obtención de los módulos habitacionales y comunicaron a la Defensoria del Pueblo que liberan totalmente el corte de la Ruta Nacional Nº 11”

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