Los Defensores del Pueblo del -Norte Grande-, se reunieron en Sesión Plenaria Virtual, participando, el Defensor del Pueblo de Misiones Alberto Penayo, por Formosa José Leonardo Gialluca, por Salta Federico Núñez Burgos, por Santiago del Estero Diego Ramiro Giménez, por Tucumán Fernando Said Juri, por Córdoba Hugo A. Pozzi y por San Vicente Misiones Carlos de Lima y por Oberá Patricia Nittman, los que luego de prolongadas exposiciones acordaron conclusiones por unanimidad en los siguientes temas:

* Futuras modificaciones en los Cuadros Tarifarios de servicios públicos en toda la región en proximidad a las nuevas negociaciones por aumentos de tarifas de acuerdo a las actualizaciones comprometidas y los efectos inflacionarios.

* Necesidad de mayor coordinación entre los Organismos Nacionales y Provinciales en relación a las políticas públicas de controles de precios de productos de la Canasta Básica Alimentaria.

En relación a las modificaciones en el precio de la energía eléctrica, agua potable, gas y otros servicios públicos como telefonía fija, móvil, cable e internet, los Defensores del Pueblo pusieron de manifiesto el impacto que las tarifas actuales tienen sobre los salarios y haberes de jubilaciones y pensiones en la región, donde los ingresos de los ciudadanos se han estancado al tiempo que y más allá de la ausencia de aumentos sobre las unidades de referencia en cada caso, es notable que el gasto de los mismos en esta materia ha aumentado considerablemente, llegando a casi un 50% por sobre los ingresos promedios de los trabajadores de la región. Esta situación, no puede ser soslayada en las negociaciones que deberán emprenderse y debe ser puesta de manifiesto en las Audiencias Públicas que se convoquen a fin que los nuevos Cuadros Tarifarios contemplen, no solo la estructura de costos de las empresas prestadoras, sino el justo equilibrio con los ingresos de los usuarios y consumidores. En esta línea de temas, no es posible pasar por alto el rol de los Organismos de Contralor, en muchos casos provinciales y especialmente nacionales, convocándolos a cumplir un rol de protección de los intereses de usuarios y consumidores por medio de sus facultades de fiscalización y sancionatoria. Señalaron los Ombudsman que, los Organismos Nacionales serán convocados a aplicar miradas regionales y verdaderamente federales, que efectivamente contemplen la calidad en la prestación de servicios públicos en las provincias y sus particularidades socioeconómicas en la aplicación de subsidios y ayudas a los fines que efectivamente puedan ser gozados por todos los ciudadanos en un pie de igualdad y no queden concentradas estas acciones únicamente en las regiones centrales. Exhortaron a todos los actores para que las negociaciones que se emprendan busquen el equilibrio entre precios-ingresos-calidad en la prestación, especialmente con miradas regionales. En otro orden de temas los Defensores reunidos denunciaron su inquietud en relación al impacto del proceso inflacionario en los ingresos promedios de los ciudadanos en nuestras provincias, que “licuan” los salarios, especialmente de los sectores medios y populares; denunciándose y advirtiéndose el altísimo endeudamiento en el cual se encuentran sumergidos miles de familias y personas de la región. Es por ello que, la ausencia de controles eficientes y aplicaciones efectivas de Políticas Públicas de Precios o Acuerdos Sostenidos en el tiempo, por medio de los organismos competentes, hacen que en nuestras provincias no se encuentren los beneficios de programas que los consumidores si poseen en CABA, Córdoba, Rosario, lo que hace florecer, “una fuerte concentración en las ofertas, lo que lleva a una monopolización en la determinación de los precios, los cuales son muchos más altos que en los lugares antes nombrados y siempre las excusas se fundan ya sea en los actores de las cadenas de comercialización, como así también en el valor flete y otros, terminando los ciudadanos del Norte en ser los que pagan costos elevadísimos en alimentos, combustibles, energía eléctrica, medicamentos y otros, teniendo ingresos públicos y privados muy por debajo de los centros de producción de la argentina”. Se consensuó la necesidad de aplicación efectiva de la “Ley de Góndolas”, para beneficiar la economía de los consumidores de la región del Norte Grande, como así la prórroga del Programa de Recuperación Productiva (Repro) durante 2021 por lo que se continuará pagando parte del salario de los empleados privados, más allá de la prolongación del programa ATP.

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