La -Dirección de Derechos Humanos, Grupos Minoritarios, Discriminación, Xenofobia, Trata de Personas y Discapacidad- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, remitió sendos pedidos de informes a la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, a cargo del Dr. Sergio López y a la Jefatura de Policía, a cargo del Crio. Gral. Juan Bernabé Escobar, a efectos de que informen minuciosamente respecto del curso de la investigación que se lleva adelante con relación a la denuncia efectuada, precisamente por el titular de la fuerza policial, sobre presuntos hechos de abusos cometidos contra cinco (5) detenidos, en la última semana, en la Sec. 3era. de la Policía de la Provincia, dos personas mayores y tres menores.
Con relación al pedido al Poder Judicial, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, refirió: “Conocemos que la solicitud de investigación fue cursada por el Jefe de la Policía, por lo que interviene en el caso el Procurador Fiscal Dr. Lucio Leiva, motivo por el cual, requerimos “a título de colaboración” el conocimiento de las acciones llevadas adelante desde la procuración judicial, siempre y cuando el cumplimiento de nuestra requisitoria no implique entorpecer el curso de la respectiva investigación. La Defensoría del Pueblo, remarcó el funcionario, tiene como mandato del Art. 153º de la Constitución Provincial, el de Defender los Derechos Humanos, por lo tanto, frente a las denuncias formuladas, que son de público y notorio conocimiento y aunque no lo fueran, se hace preciso que el Organismo de la Constitución cuente con todo antecedente que dé respuestas rápidas y objetivas a las Instituciones del Estado y a la sociedad. Finalmente Gialluca señaló, más allá de la consabida campaña mediática que monta la libertad de empresa y de los opositores que intentan colgarse de la misma en un año electoral, acá hay un hecho grave, denunciado por la Jefatura de la Policía de la Provincia, de posibles abusos contra detenidos en una dependencia policial, esperamos entonces que la Justicia Ordinaria esclarezca a la brevedad posible la existencia o no de hechos ilícitos en el caso y eventualmente, se sancione penalmente a los responsables de los mismos, si los hubieren, respetando en un todo los carriles institucionales y legales establecidos a tal efecto; pero ello debe realizarse en este y todos los casos pues la ciudadanía necesita conocer la verdad real de los acontecimientos y para ello las instituciones deben funcionar con transparencia y ágilmente para posteriormente informar como sucedieron los citados y deslindar responsabilidades de los que intervinieron y de esta manera que no quede duda alguna en la comunidad, ya que desgraciadamente existen quienes hablan sin pruebas y sin conocer realmente los acontecimientos.