-Las entidades bancarias junto a las empresas de telecomunicaciones y los supermercadistas nunca dejaron de facturar durante la pandemia y han sido siempre los sectores que más ganancias han tenido en los últimos años y que menos han invertido en infraestructura para que los usuarios estemos mejor conectados y paguemos precios justos y razonables, tal como sucede en los principales países europeos donde internet y la telefonía móvil son considerados servicios públicos-
Desde que se conoció que, mediante un DNU, el Gobierno Nacional, estableció que la telefonía móvil, internet y televisión por cable pasaron a ser servicios públicos esenciales, lo que no significa de ninguna manera que se haya estatizado a las comunicaciones, sino que con este Instrumento lo que se promueve es una real inclusión digital para todas las personas y además que de ahora en adelante será el Estado el que determine la viabilidad o no de los aumentos en los precios que propongan las diferentes empresas de telecomunicaciones. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló como llamativas o fuera de foco las posturas de diferentes sectores de la política nacional, toda vez que desde el año 2014, la Senadora por el Pro Gladys González y otros, vienen presentando un Proyecto de Ley pidiendo justamente que se declaren como servicios públicos a la telefonía móvil, internet y televisión por cable. Resulta que ahora la Representante de este espacio político a nivel nacional Patricia Bullrich, considera que, “El Gobierno Nacional encontró una ventana por la cual meterse con el grupo Clarín, quien tiene una posición mayoritaria en el servicio de televisión por cable e internet, y que además ahora opera con celulares a través de la fusión con Personal”. Institucionalmente, hubiéramos preferido que esta medida saliera por ley del Congreso de la Nación, pero ante la emergencia sanitaria y económica que vive el país, el DNU es el Instrumento que permitirá a los niños, docentes poder continuar sus estudios, y a todos los usuarios en general, “pagar precios justos y razonables, no aquellos valores que unilateralmente las empresas que prestan estos servicios estaban acostumbradas a imponer sin control alguno y a partir de ahora serán fiscalizadas y controladas por el Estado Nacional”. De esta manera, los precios de costo de estos servicios han quedado congelados hasta fin de año y todavía falta que el DNU pase por la Comisión Bicameral y se reglamente el mismo donde nos permitirá a todos tener mayor claridad al respecto. Gialluca peticionó al actual Interventor del ENACOM Claudio Ambrosini que ordene llevar a cabo a través de todas las Delegaciones que tienen en el país y junto a las empresas prestatarias “que se confecciones mapas de conectividad en la Argentina, ya que, desde siempre las empresas relegaron al norte y al sur del país en lo que respecta a inversiones para que tengamos una mayor y mejor conectividad, dándoles preferencia a las provincias y a las ciudades del centro del país, donde se concentra la mayor cantidad de usuarios y esto es algo que va en contra de las políticas públicas, federales, por las que siempre estamos luchando”. Desde el Organismo de la Constitución, se sostuvo que el DNU Nº 690, no genera ninguna inestabilidad y tampoco inseguridad jurídica, lo que sucede es que, en la Argentina, los bancos y la telefonía móvil junto a las empresas de internet y televisión por cable, son las que nunca dejaron de ganar sumas millonarias y continuaron facturando aún durante la pandemia. En nuestra Provincia, ni siquiera reparten las facturas a pesar de estar obligadas a hacerlo, disponiendo en nuestra Ciudad Capital que los usuarios tengan que pasar por un local de la calle Belgrano, “perder tiempo para que le impriman las facturas, se niegan a cobrárselas en dicho sitio y de allí los usuarios deben nuevamente hacer fila en algún Rapipago o Pagofácil o Banco para poder abonar las mismas y aquí otra vez son víctimas de -cobros adicionales ilegales-, y a pesar de todas las denuncias presentadas al ENACOM Delegación Formosa y al Central, nadie nunca se ocupó de estos temas, debido a que representamos un porcentaje muy bajo de usuarios y las empresas invierten y tratan dignamente a los mismos únicamente en CABA, Córdoba Capital, Rosario, y el resto queda siempre en el olvido”. Asimismo, Gialluca denunció que ahora las empresas se acuerdan del -Fondo de Servicio Universal- creado por el Decreto 764/2000 durante el Gobierno de Arrua y por el cual, luego de una serie de modificaciones, las empresas están obligadas a depositar el 1% de sus ingresos en el Banco Nación para constituir un fondo que permita subsidiar los servicios de comunicaciones en zonas no rentables. Por supuesto, que la otrora CNC y la SECOM nunca hicieron nada al respecto y las empresas si bien fueron intimadas por la AGN, ninguna ha cumplido con estas normativas que ya prácticamente son letra muerta. Lo que sí tenemos que recordar que países como Francia, Holanda, Canadá, Finlandia, México, al igual que la Argentina ahora, consideran a internet como un servicio público y la única verdad es que la actualidad y el futuro del trabajo como así también del estudio digital, ha venido para quedarse definitivamente entre nosotros y por ello es que debemos exigirles a las empresas tener en cualquier punto del país una buena conectividad, a precios justos y razonables, y esto no significa que dejen de ganar dinero, lo que sí representa es que debe existir un equilibrio entre los derechos y obligaciones de los usuarios y también de las prestatarias y que no nos vengan ahora, de que van a carecer de incentivos para invertir en tecnología de punta, porque los satélites los pone en órbita el Estado Nacional, esto es todos los argentinos y luego las ganancias únicamente se las llevan, “algunos empresarios nacionales y extranjeros que dicen querer a la Argentina”.