Luego de realizadas diversas presentaciones judiciales, tanto en el ámbito de la Justicia Provincial como Federal de nuestra ciudad, en búsqueda de «hacer caer o trastornar los Protocolos y Procedimientos Legítimamente y Legalmente impuestos desde el Estado Nacional y Provincial», con lo cual se pretende poner literalmente en peligro la salud de todos los formoseños, quienes hasta el día de hoy, no tenemos un solo caso, de coronavirus, los profesionales del derecho que patrocinan en algunos casos y en otros han impulsados por propio derecho acciones judiciales, están lisa y llanamente pretendiendo por un lado forzar con un Habeas Corpus que no resulta procedente en estos casos, la preservación de la salubridad de todo nuestro Pueblo.

Se debe ser claro, señaló Gialluca, en que el aislamiento no constituye una detención, y esto se da, pues es el único medio con el que se cuenta hasta ahora a fin de impedir la propagación de la pandemia. Es que debemos resaltar que cuando más intensa sea la posibilidad de afectación a la salud de los derechos colectivos, mayor puede ser la limitación a ciertos derechos, como los ambulatorios. La propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, permite restringir derechos ante la emergencia sanitaria, como también el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas obliga a los Estados miembros a la adopción de medidas concretas para asegurar el derecho a la vida y a la salud. Es que la restricción de ciertas garantías, lejos de constituir un perjuicio para estos ciudadanos, se justifica en el estado de excepción que no solamente viene afectando a los formoseños, sino a todo el mundo. Gialluca, afirmó que el poder de policía, habilita a nuestra Provincia, a tomar medidas para mantener no solo el orden e interés público sino también el derecho fundamental a la vida y a la salud, restringiendo en pos del bien común ciertos derechos que ante esta situación deben ceder, pues aquí no se trata de aplicar una figura jurídica, estamos frente al imperio del derecho, y este exige no solo la responsabilidad social de los gobernantes y del poder judicial, sino también de todos los ciudadanos. Por último, el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, junto al Representante de la Defensoría del Pueblo de Nación Dr. Julio Néstor Santander, señalaron que son mentiras que los ciudadanos que se encuentran en cuarentena estén mal atendidos, no solamente que se los respeta y atiende como corresponde en este estado de emergencia sanitaria y económica que vive la provincia de Formosa, sino que lo gravísimo de todo esto es que los letrados que accionan lo hacen con intereses distintos de sus representados, toda vez que cada uno » de ellos prestó pleno consentimiento para ir a cada lugar» , no pueden ahora desdecirse y lo peor pretender poner en riesgo la Salud de quienes si estamos viviendo en este territorio, por lo cual les sugerimos que si desean volver a los lugares donde estaban, les vamos Institucionalmente gestionar todo para que se vayan, y dejen trabajar, a los médicos, policías, enfermeras y a toda la gente de bien, que piensa todos los días en cómo salir adelante de esta inusitada situación que padecemos.