La Organización Mundial de la Salud, sostuvo que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. El censo del año 2010, da cuenta de 10,9% de discapacitados en Argentina y el INDEC, 10,2% en el 2018. Entonces, el porcentaje es menor a la media mundial y representa poco más de 4,5 millones de argentinos.
El propio Presidente de la Nación Mauricio Macri, dio crédito a esta cifra. Durante la presentación del Plan Nacional de Discapacidad 2017/2019, Macri afirmó que en nuestro país hay 5 millones de personas con discapacidad y que “si multiplicamos por los familiares y amigos, nos toca de cerca a todos”, y además enfatizó que “eso nos lleva al ejercicio más lindo que puede haber, que es ponerse en el lugar de la otra persona”, notable sentimiento, pero en los hechos incompatible con el despojo de derechos que existieron durante sus cuatro años de gobierno. Según datos oficiales, al inicio de la presidencia de Néstor Kirchner eran alrededor de 78.000 las pensiones por discapacidad, 170.000 al final de su mandato y 1.035.000 cuando culminó el turno de Cristina Fernández. Es decir, sobre algo más de 4,5 millones de discapacitados, las pensiones por invalidez son 1 millón, lo que representa el 2,6% del total de la población y un 6,9% de la población laboralmente activa. Por lo tanto, lo que se debería haber calificado como una extraordinaria política de ampliación de derechos, por el contrario, fue denostada, atacada y disminuida a su máxima expresión. También debemos resaltar que el beneficio por invalidez a septiembre 2019 es de $9.062, bien lejos del costo de la canasta básica alimentaria, y de $7.331 la del hijo con discapacidad. Desde el Organismo de la Constitución Provincial se recordó que el 11 de mayo del 2017, en el Centro Cultural Kirchner se anunció el Plan Nacional de Discapacidad. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, señaló “Yo tengo una ilusión en lograr programas en las provincias, en los municipios, que nos permitan que familias con chicos sin discapacidad, que son familias que tienen recursos, son familias de clase media acomodada, o de clase alta con más razón, logren amadrinar o apadrinar a familias con chicos con discapacidad que tienen recursos realmente escasos”. Esa es la solución que nos propuso el Gobierno Nacional a la problemática de la discapacidad, esto no es ni más ni menos que la vuelta al patronato del siglo XIX y la consagración de la caridad como fórmula para resolver problemas. Por ello, la experiencia acumulada va a ser vital para protagonizar la lucha en la etapa de la nueva Argentina y exigir que el Estado Nacional reasuma la conducción de las políticas públicas, retome el rol de garante de los derechos de los discapacitados y así poder lograr una inclusión robusta en todas las esferas de la vida nacional. Será imprescindible la sanción de una nueva ley marco, que adecuada a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cree la Secretaría Nacional de Discapacidad, con rango de Secretaría de Estado. Entre sus funciones deberá coordinar el funcionamiento de un Sistema Nacional de Protección de Derechos, propiciando políticas públicas con alcance federal.
