Las protestas sociales son un componente esencial de toda democracia que involucra derechos fundamentales como peticionar a las autoridades y expresarse en libertad.
Diferentes sectores sociales de nuestra provincia, vienen desplegando siempre distintas formas de movilización muy diversas e innovan en las modalidades de protesta. A su vez, los gobiernos nacionales tuvieron tendencias diversas y combinaron la represión, la negociación y el control de la violencia de las fuerzas de seguridad de diferentes modos en cada tiempo. Cuando recurrieron a la violencia extrema tuvieron que enfrentar la conmoción social y los altísimos costos políticos que ha tenido el homicidio de manifestantes. Es así que, en los años 90, protestas populares importantes fueron la antesala del final anticipado de mandatos de gobernadores y de la posterior intervención federal de esas provincias. Luego, dos presidencias concluyeron debido a crisis que alcanzaron su punto máximo con asesinatos causados por represiones policiales. El pensamiento de que la muerte de un manifestante puede hacer caer un gobierno es central en la cultura política argentina. Especialmente por las consecuencias de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y de los homicidios de Kosteki y de Santillán en 2002. La actuación de fuerzas de seguridad de civil, el espionaje contra las organizaciones y la detención de manifestantes fueron denunciados por los organismos de derechos humanos en 1988 y 1989, en ocasión de las represiones que marcaron el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, podemos observar que el actual Gobierno Nacional de Cambiemos tiene una perspectiva restrictiva de la movilización social. Desde que comenzó, difunde mensajes muy contradictorios sobre el derecho a la protesta que son marco de represiones y acciones de criminalización que diversos actores judiciales y políticos promueven en distintas partes del país y de la cual Formosa no está exenta. A la fecha, continúan en discusión, Protocolos y otras normas muy regresivas en materia de persecución de manifestantes e intervención policial en protestas, que llamativamente se llevan adelante en C.A.B.A. por órdenes de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Mientras, las prácticas policiales han abandonado algunas medidas que reflejaban amplios acuerdos sociales y políticos respecto de la necesidad de evitar la ocurrencia de muertes en protestas: en particular, en muchas situaciones recientes se ha ignorado la prohibición de que los policías porten armas de fuego en estos operativos que podemos observar por televisión. Así tenemos que; desde este Organismo de la Constitución, los ciudadanos concurren o se contactan, peticionando poder circular libremente por nuestro territorio provincial. Lo más grave de todas estas situaciones es que, “analizando cuales son las peticiones o motivos que originan los cortes de rutas nacionales o provinciales, estamos en condiciones de decir, que no siempre se relacionan directamente con la vulneración de derechos, si no que asistimos impávidos a razones que pueden ir, desde reclamar la televisación de un partido de futbol o la petición de dinero, combustible, mercaderías y medios de transporte para llevar adelante campañas electorales a favor de determinados candidatos a cubrir cargos de Autoridades que corresponden a los Originarios, también es inexplicable que 4 personas originarios cortaran este fin de semana la Ruta Nacional Nº 11 a la altura del Namqom por cuestiones netamente electorales, como así también que se paralicen proyectos y obras que redundarán en beneficio de las propias Comunidades originarias y criollas”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió, que si los distintos Estamentos Nacionales, Provinciales, Municipales, Civiles, ya sean estos privados o públicos, incluida la Justicia Provincial y Federal, “continúan sin involucrarse con responsabilidad social para evitar o neutralizar los cortes de rutas producidos por reclamos individuales o de grupos, ya sean estos originarios o criollos; toda la sociedad que trabaja diariamente, que paga sus impuestos, a la que le cobran los servicios públicos, a quienes se les impone LA TOTALIDAD ABSOLUTA DE LAS OBLIGACIONES Y AL MISMO TIEMPO SE LES DESCONOCE EL MAS ESENCIAL DE LOS DERECHOS COMO ES EL DE TRANSITAR LIBREMENTE POR NUESTRO TERRITORIO, no lograremos consolidarnos y encontrarnos como una Comunidad Organizada, que aspira a que todos podamos vivir democráticamente, pero siempre con el acompañamiento de todos los funcionarios políticos, judiciales, de las fuerzas de seguridad y del Estado en general, para garantizar los derechos y hacer cumplir las obligaciones que claramente ya se encuentran legisladas, PUES NO TIENE SENTIDO QUE LOS LEGISLADORES HAYAN PREVISTO LA SOLUCION PARA LAS CONDUCTAS ANTIJURIDICAS, SI NO EXISTE UNA RESPUESTA OPORTUNA EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LA JUSTICIA, QUE SIEMPRE TERMINA HASTA AHORA MIRANDO DE REOJO LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN DIARIAMENTE A TODOS LOS CIUDADANOS.