En los últimos tres años y siete meses, se ha producido una peligrosa pérdida de los Derechos a la Salud (Derecho Humano Fundamental, a gozar sin distinción alguna, del más alto nivel de salud que permita a cada persona vivir dignamente), impactando principalmente en ciertas franjas sociales, entre las que se encuentran los adultos mayores, beneficiarios de AUH y otros planes sociales.
En este contexto de imparable inflación, pérdida de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos en general, a lo que se le suma la ausencia absoluta del Gobierno Nacional, donde deberían exigirse, “precios justos y razonables a los laboratorios”, siendo que tras las últimas -PASO- el Estado Nacional, lanzó una serie de medidas, que no aliviaron en nada hasta ahora, el bolsillo de los consumidores, entre ellas el nuevo plan de Precios Cuidados, el congelamiento de los combustibles que duró 34 días, el IVA cero en algunos alimentos básicos que nadie cumple, ignorándose la temática de los medicamentos y todo esto principalmente porque las cámaras de laboratorios, CILFA (nacionales), CAEME (extranjeros) y Cooperala (PyMEs), “no dan el brazo a torcer para retrotraer los precios a las valores del mes de julio del corriente año y dejarlos fijos hasta fines de noviembre”, lo que nos demuestra, como en los combustibles que, actualmente son los grandes grupos económicos los que imponen unilateralmente los precios vigentes de todos los bienes y servicios en la Argentina. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, informó que de un relevamiento llevado a cabo por la -Dirección de Salud y Vivienda- del Organismo de la Constitución, pudo determinarse que en nuestra provincia los siguientes medicamentos han sufrido en el último mes un incremento de más del 16,2%, en los últimos años 393%, llegando en algunos fármacos aumentos del 1.050% desde el 2015 como es el caso de los destinados a las enfermedades cardiovasculares. Así medicamentos para el colesterol como el simvastatin de 10mg pasó de $500 a $905, una tira de novalginas de 10 comprimidos a $200, antialérgicos como la loratadina por 10 comp. a $102, desloratadina 10 comp. $79, decidex 10 comp. $209,60, desalergin 30ml $274, antialérgicos x 10 comp. $286 – x 30 $692, jarabes para la tos x 150ml genéricos a $285, los antihipertensivos, como el atenolol por 30 comp. $355,62, enalapril x 30 comp. $120, alprazolam 0,5 mg por 30 comp. $189,76, clonazepam 0,5mg x 30 comp. $322,34, medicamentos para los diabéticos de 500 mg x 30 comp. $187, los destinados de enfermedades coronarias x 30 comp. $334, antigripales x 16 comp. $190 x 20 $280. Todo esto se encuentra avalado por el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), donde se señala que en agosto los remedios y demás productos relacionados a la salud pasaron a formar parte del rubro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional con la mayor inflación acumulada durante los últimos 12 meses y como consecuencia, las personas optan por recortar y no comprar todos los medicamentos recetados. Asimismo, no fue la medicina prepaga o los seguros médicos los que se llevaron el porcentaje más alto de aumento, sino los productos que se venden en las farmacias. En este sentido, el Defensor del Pueblo denunció que, lo más grave es que las jubilaciones mínimas aumentaron 239% en los últimos tres años y medio, los medicamentos tuvieron incrementos del orden del 393% en el mismo periodo, e incluso con la cobertura del PAMI el aumento es superior al de los haberes, ya que ascendió a 247%, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina, agravándose los derechos de los adultos mayores. La jubilación mínima en septiembre alcanzó tan solo a los $12.937, y así su poder adquisitivo es 18,8% menor que en el 2015. Por ello, los especialistas señalan que la mayoría de las personas de más de 60 años que consumen en promedio entre 4 y 8 medicamentos, hace que no puedan adquirir todos los remedios que necesitan y es por esto que ha aumentado la mortalidad en patologías que generan dependencias y discapacidades. Por último, se denunció que el PAMI mediante la Resolución 005 dejó de entregar la medicación gratuita a millones de afiliados y para acceder a la misma, les exigen requisitos que son imposibles de cumplir y esto llevó a que nuestras abuelas y abuelos no puedan tener los medicamentos que necesitan o los tengan pero limitadamente, lo que nos permite afirmar que este experimento neoliberal del Gobierno Nacional junto al FMI ha fracasado rotundamente y lamentablemente continúa castigando a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Por ello, se propuso al Ministerio de Salud y Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, que se implemente de manera urgente un “Programa de Abastecimiento de Medicamentos para los sectores vulnerables” y que el mismo abarque a Formosa y también a todo el País, de modo que frente a los aumentos de precios, la salud de los más desprotegidos económicamente hablando, posean acceso a los remedios que necesitan.