-Gialluca sostuvo que no existe evidencia que justifique la baja de la edad de imputabilidad como respuesta eficaz a los problemas de seguridad en Argentina, máxime cuando vivimos un debilitamiento y desentendimiento por parte del Gobierno Nacional de las políticas sociales, educativas y de cuidado, lo que configura, “un riesgo cierto de que el Sistema Penal Juvenil se transforme en una respuesta que sustituya las políticas públicas integrales, profundizando la criminalización de adolescentes, especialmente de sectores socialmente vulnerables”, así lo ha planteado la Conferencia Episcopal Argentina en el documento titulado “Para los Jóvenes, más Educación, más Comunidad”.-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca en su carácter de Vicepresidente de la Asociación, informó que esta semana se remitió a todos los Jefes de Bloques tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la Nación, la posición de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), manifestando formalmente nuestro apoyo y adhesión institucional al documento elaborado por las Defensorías de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del país, en relación con los proyectos de reforma del Régimen Penal Juvenil. Las Defensorías especializadas en niñez y adolescencia que suscriben dicho enfoque integran ADPRA en su carácter de defensorías miembros, lo que refuerza la legitimidad institucional de este acompañamiento y expresa una mirada compartida desde el sistema de defensorías del pueblo como organismos de derechos humanos. Como asociación que nuclea a defensorías de todo el país, entendemos que el debate legislativo sobre el régimen penal juvenil no puede abordarse exclusivamente desde una lógica punitiva o de respuesta inmediata a la demanda de seguridad. Por el contrario, debe inscribirse en una perspectiva integral de derechos, en línea con los compromisos asumidos por el Estado Argentino a partir de la Reforma Constitucional de 1994 y la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, así como en el principio de protección integral consagrado por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061.
Coincidimos con las Defensorías de Niñas, Niños y Adolescentes en que resulta imprescindible superar definitivamente el Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278) y avanzar hacia un sistema penal juvenil especializado. Sin embargo, advertimos que determinados aspectos del proyecto en debate, en particular la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal y la previsión de sanciones privativas de libertad de extrema duración, implican una regresión en los estándares de protección alcanzados, en contradicción con el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos. Desde ADPRA compartimos la convicción de que los derechos de niñas, niños y adolescentes exigen mejores trayectorias de vida, inclusión y oportunidades reales, con políticas públicas que fortalezcan los sistemas de protección integral, la educación, la intervención territorial y comunitaria, y las respuestas socioeducativas y restaurativas, evitando que el sistema penal se convierta en un sustituto de dichas políticas. En este sentido, solicitamos respetuosamente que, en el marco del tratamiento legislativo, se consideren de manera prioritaria los argumentos, recomendaciones y estándares desarrollados en el documento que se adjuntó, elaborado por organismos especializados con competencia constitucional y legal específica en la materia.