Desde el -Observatorio de Derechos Electorales y Políticos (ODEPOE)- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se rechazó enfáticamente la idea del diputado provincial Adrián Bogado de que exista la posibilidad de que Formosa sea intervenida por el Gobierno Nacional.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que no están dadas las condiciones necesarias de vulneración del Sistema Republicano para que el Gobierno Federal tome una determinación de la magnitud que implica una intervención a nuestra provincia, ya que tal medida constituye un remedio excepcional, extraordinario y de utilización restringida, en tanto y en cuanto avasallan las autonomías provinciales, presupuesto básico de nuestro Sistema Republicano y Federal de Gobierno. Gialluca consideró que, históricamente, las intervenciones federales han sido condenadas y consideradas, “como una de las causas del debilitamiento del federalismo y el fortalecimiento del centralismo”. Sus fines siempre han sido distorsionados y en este caso que estamos viviendo en nuestra provincia no es la excepción. Lejos está de verse como una causal para la intervención federal, a la circunstancia de que la Justicia investigue hechos presuntamente delictivos, como el facilitamiento de la realización de una carrera de caballos clandestina, en un establecimiento aún no habilitado y, por ende, irregular, en ocasión en que mediaron agresiones a los agentes del orden en cuya ejecución se vio involucrado nada menos que un Intendente. Por el contrario, si veo a un diputado formando un frente de unidad con el imputado días atrás y hoy lo vuelvo a ver levantando la bandera de la intervención federal a la Provincia, más bien puedo decir que se evidencia un intento de “amedrentamiento” al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo Provinciales, en el marco de una campaña electoral, como la tentativa política para sacar ventajas que deben ser obtenidas únicamente a través de las urnas. La norma Constitucional dice que el Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias solo para garantizar la forma republicana de gobierno o para repeler invasiones extrajeras. A su vez, puede hacerlo por el requerimiento de las Autoridades Provinciales constituidas, para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Por ello, la intervención federal debe ser siempre el último recurso, máxime cuando los gobiernos provinciales son el producto de la voluntad popular. Si existen crisis o inconvenientes deben canalizarse a través de las Instituciones y no alentar que los Poderes de nuestra provincia sean intervenidos, actitud de suyo extraña y gravísima la del diputado provincial. En dicho contexto el Ombudsman Provincial pidió a Adrián Bogado que si tiene pruebas y elementos objetivos del uso político de la Justicia Formoseña que las presente, pero que no confunda a la ciudadanía formoseña con los problemas legales que tendría un ciudadano formoseño, que es el actual Intendente de la ciudad de Pirané, que sabrá si actuó dentro o fuera de la ley, con el funcionamiento de los poderes democráticamente constituidos en el Estado Formoseño, pues es lo menos que se espera de un legislador provincial.-