Se les requirió que no se elimine el Fondo Sojero, los subsidios al Transporte Público y a la Tarifa Social de Energía.
Desde la Defensoría del Pueblo, frente a la posibilidad de aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto 2019, se solicitó a los Senadores por la Provincia de Formosa, que tengan en cuenta que es absurdo pedirle a la gente mayores ajustes.
La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores debe ser tomado en cuenta, como así también la pérdida de los empleos, las subas de tarifas, de combustibles ha hecho que cientos de pymes y comercios bajen sus persianas, a esto debemos sumarle aumento de la pobreza y que se trata de un presupuesto, de un gobierno nacional que cumple el último año de una gestión de 4, donde para el 2018 se prevé una inflación de más del 45%. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, les pidió a los Senadores formoseños, que consideren la realidad social y económica del país y en particular de Formosa, cuando el pago de intereses por el endeudamiento pasa a representar una proporción superior en relación al presupuesto destinado a otras áreas. Así, los pagos de servicios de deuda superarán en más de 24 veces a los fondos destinados a las obras de agua potable y alcantarillados, en 20 veces a las de vivienda y urbanismo, en casi 13 veces a las de ciencia y técnica y en cuatro veces a las de salud. En tal sentido, el peso de los intereses de deuda que se pagarán en 2019 representa un monto equivalente a 353 millones de AUH, 69 millones de jubilaciones mínimas, casi 56 millones de salarios mínimos y la construcción de casi 20 mil jardines de infantes. “Con todo, en 2019 se pagarán más de un millón cien mil pesos por minuto, en concepto de intereses de la deuda pública”. Además para los docentes, lo que se viene en 2019 es un recorte de 39 por ciento del presupuesto educativo, lo que significa un “77 % menos en Infraestructura, 68 % menos en Edificios para Jardines Infantes, 69 % menos en Aprender Conectados – Conectar Igualdad, 36 % menos en Formación Docente, 60 % menos en Programas Socioeducativos, 35 % menos en Becas para los estudiantes”. En el área de Seguridad Social, se advierte que se recortarán 254.381 mil Asignaciones Familiares, 130 mil Asignaciones por Hijo y 95 mil por ayuda escolar. Por otro lado, cabe destacar la disminución en Pensiones No Contributivas: 16 mil bajas de pensiones por invalidez, y 7230 a madres de siete o más hijos. En lo que respecta a Salud, el ajuste que se planea tiene consecuencias claras, según el proyecto se distribuirá 5,4 % menos vacunas que este año. El programa de Atención de la madre y el niño (enfocado a embarazadas, niños y adolescentes) tendrá una pérdida en términos reales del 76,4%; las erogaciones destinadas a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, sufrirán también un recorte del 42,5 %; y la Dirección de Promoción de la Salud y control de Enfermedades No Transmisibles tendrá un recorte en términos reales del 35,8 % de los recursos. En cuanto a Trabajo, los principales programas destinados a la generación de empleo serán recortados. Los recursos para Formación y Regulación de la Política Laboral resultarán 66,8% inferiores a los del año en curso. Para Regularización del trabajo habrá 42,8 % menos fondos, y en menor medida, también se achican las partidas para Acciones de empleo, Acciones de capacitación laboral, y Fiscalización del cumplimiento de la ley de riesgo del trabajo. Respecto a Viviendas una temática que Formosa, así como otras provincias, requiere que el Gobierno Nacional le apruebe las Partidas Presupuestarias para terminar las obras de viviendas sociales proyectadas y además que se acompañe el crecimiento demográfico y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, con los actuales salarios o por la falta de trabajo o porque un gran universo de familias no puede acceder a los créditos bancarios y a las mismas el Estado Nacional las elimina de los requisitos impuestos arbitrariamente para poseer una vivienda social, así que este presupuesto no contempla otra de las realidades que golpea a los formoseños. Pedimos también la restitución del Fondo Sojero que genera actividades en todos nuestros pueblos y municipios, los subsidios de Nación al Transporte Público y los de la Tarifa Social de Energía, puesto que las provincias no podrán asumir estas actividades y todo recaerá en mayores costos que pagarán los usuarios y consumidores.