En el día de ayer en horas de la mañana el Defensor del Pueblo de la Provincia Dr. José Leonardo Gialluca acompañado por el Delegado de la Oficina Local de la Defensoría del Pueblo de Nación Dr. Julio Néstor Santander, se reunieron con el Vicerrector de la UNAF Ing. Vicente Sánchez, con motivo de que el 24 de este mes se cumplen tres (3) semanas del cese de actividades en 57 Universidades Públicas y en Colegios Preuniversitarios como medida de fuerza por el reclamo de un aumento salarial docente superior al 15% resuelto de manera unilateral por el Ministerio de Educación de la Nación, sin cláusula gatillo, que les permita garantizar el poder adquisitivo de los salarios ante la galopante inflación que vive nuestro País.
El Ombudsman Provincial informó que esta medida no es aislada, sino todo lo contrario coordinada con el resto de todas las Defensorías del Pueblo nucleadas en ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina), y que hemos decidido peticionar al Gobierno Nacional de Mauricio Macri, mediante su Ministro de Educación Dr. Alejandro Oscar Finocchiaro adopten en forma urgente las medidas necesarias que permitan llegar a un Acuerdo entre Autoridades y los docentes de las universidades con el objetivo de garantizar los derechos laborales y educativos que están siendo afectados y encontrar así la paz social y no continuar degradando y humillando la educación pública. En lo que respecta a la inversión en la infraestructura universitaria, si bien el presupuesto destinado a las Universidades fue mayor en el último año, se advierte una subejecución presupuestaria reflejada en obras licitadas que no han comenzado, presentan retrasos o están detenidas. Por otro lado el Funcionario Provincial señaló que el aumento generalizado de las tarifas de los servicios públicos, sobre el cual nuestra Asociación se ha expedido en reiteradas oportunidades, implica una severa reducción en el presupuesto de cada Universidad, debido a que se ven obligadas a destinar cada vez más fondos para solventarlos (energía eléctrica, gas, agua potable, etc.). Ambas partes decidieron continuar trabajando en forma coordinada, toda vez que la situación económica atraviesa a toda la comunidad universitaria que se encuentra alertada y afectada no sólo por el recorte presupuestario que pone en severo riesgo el funcionamiento de las casas de altos estudios, sino también por la inflación y el incremento en las tarifas que golpea la vida de los estudiantes, y por ello Gialluca manifestó que tenemos que estar alertas por la situación de conflictividad que vive en estos días la Educación Pública en general y debemos estar atentos para exigir lo que corresponde y además ver si el presupuesto viene con recortes que son exigidos como condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional y a las cuales este Gobierno Nacional no pone límites a los brutales recortes en áreas como las de la educación.