Si bien la totalidad de las denuncias planteadas tanto por padres como por alumnos del ISFD y T – Víctor Manuel Almenara de Mayor Villafañe, y que se refieren a supuestas arbitrariedades que vendrían cometiéndose desde hace años en dicho establecimiento educativo, fueron trasladadas tanto al Ministerio de Cultura y Educación y a la Directora de Nivel Superior Prof. Elsa Alvarez, para que en el menor tiempo material posible, se arbitren todas las medidas necesarias “para obtener una solución de fondo que comprenda tanto los intereses de los alumnos, docentes del Instituto antes citado y de los padres”.

En este punto, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, notificó a los presentantes que “se deben agotar todas las vías administrativas previas, para después recién acudir a la vía judicial, y que es intolerable e inadmisible la toma de cualquier establecimiento educativo, como se ha hecho en este caso”.

Es que la Argentina la educación es un derecho consagrado en el art.14 de la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales incorporados a ella. A mayor abundamiento, la Ley de Educación Nacional (LEN) sancionada a fines del año 2006 establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado (art.2). Asimismo, la educación es una prioridad nacional, provincial y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional-provincial, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación  (art. 3°).

Por otro lado, el Estado Nacional y Provincial se obligan a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública. (art.10).

Así en el día de ayer, se notificó a todas aquellas personas físicas que se encuentran tomando irregularmente el Instituto Superior de Formación Docente y T, Víctor Manuel Almenara de la localidad de Mayor Villafañe, “a que procedan a desalojar este lugar público en forma inmediata, dejando de lado todas las vías de hecho tomadas al margen de la ley y permitan el normal funcionamiento de este Instituto educativo, invitándolos a canalizar las diferencias a través –de los espacios de diálogos Institucionales y en los cuales, esta Defensoría del Pueblo se ofrece como mediadora para arribar a una justa composición de intereses entre las partes-.