En medio de las negociaciones el Gobierno Nacional obligará a los laboratorios a retrotraer el precio de los fármacos a diciembre del 2017, lo que supone una baja del 5 por ciento.
La medida aparece como una nueva “bonificación”, en medio de un contexto de alta inflación. En el marco de la negociación del nuevo convenio del PAMI, se informó que a partir de abril los laboratorios deberán llevar los valores de unas 9 mil moléculas a diciembre del año pasado ( las que más se consumen en la Argentina). Esto representa una baja del 5%, que se intenta anunciar como una mejora para los afiliados. El mecanismo utilizado, llamado “valor ponderado”, no sólo impone un techo a los precios en un contexto inflacionario, sino que además obliga a los productores a bajar un porcentaje, lo que puede entenderse como una nueva bonificación. Como sucede en las provincias que aumentaron la alícuota de Ingresos Brutos, estos porcentajes -estimamos- serán trasladados a la venta a farmacias, que no sólo no forma precios sino que además están ausentes de la negociación, por lo que deberán absorber el impacto de esta política. Esta medida es parte de la estrategia para imponer una baja en los valores y para el público las rebajas serían de ese precio, es decir un descuento del 50, 80 y 100% dado el medicamento. Además de fijar valores muy atrasados respecto a la inflación general, el PAMI quiere que los laboratorios se comprometan a dispensar los tratamientos al mismo valor todo el año. Según lo que estiman las autoridades, este sistema “dará mayor previsibilidad e importes más bajos que los actuales”, y beneficiará a casi 5 millones de afiliados, que gastan en promedio 500 pesos por mes en la farmacia. Algunos tienen una cobertura del 100 por ciento (los especiales) y otros poseen un descuento de entre 50% y 80% de descuento (para tratamientos crónicos o ambulatorios). Desde la Defensoría del Pueblo se señaló que el gran problema es que sólo en enero y febrero de este año la inflación general ronda los 4 puntos, con lo cual continuando con los aumentos en servicios públicos, combustibles, medicina prepaga y otros, con el salario de los trabajadores tanto privados como públicos, el acceso a los medicamentos producidos tanto por laboratorios nacionales como internacionales, se dificulta notoriamente y es por ello que el Organismo de la Constitución, solicitó al actual Ministro de Salud de la Nación Dr. Adolfo Rubinstein, que para cumplir con lo que establece la Constitución Nacional y las Leyes dictadas al respecto así como el Derecho Humano Esencial de acceso de cualquier ciudadano a los medicamentos que necesite, “es necesario y urgente que el llamado -valor ponderado- que impone un techo a los precios en un contexto inflacionario que sube diariamente, debe ser implementado a favor de la universalidad de consumidores mas allá de los beneficiarios del PAMI, puesto que las ganancias de los laboratorios son exageradas e injustificadas y el Estado Nacional no puede ausentarse del sector de la salud y por ello es que insistimos en poner un límite a esta situación, donde la totalidad de los medicamentos tengan un -precio justo y razonable-; ya que en cuestiones sanitarias el tiempo no espera y por otra parte las obras sociales así como los programas vigentes no cubren las verdaderas necesidades que tienen los ciudadanos, quienes deben terminar comprando los mismos en las farmacias privadas y donde tampoco poseen posteriormente ninguna clase de reintegro a su favor”.