Además del pedido formal de intervención a la fuerza nacional de Gendarmería Nacional para que dentro de sus competencias procedan a regular y liberar el tránsito de la Ruta Nacional Nº11 cortada a la altura del Bº Namqom por un grupo minúsculo de manifestantes originarios, en el día de ayer, se interpuso por parte de la Defensoria del Pueblo en nombre y representación de los usuarios que necesitan desplazarse libremente por dicha traza, una Denuncia Penal que recayó en la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Luis Benítez.
Desde el Organismo de la Constitución Provincial, se resaltó la irracionalidad de esta medida que se reitera en el tiempo y donde los autores materiales son siempre los mismos, y reprocho la falta de accionar y de disuasión tanto de Gendarmería Nacional como de la Justicia Federal que al menos puede tomar medidas jurisdiccionales urgentes, como es la citación por la fuerza de los manifestantes para que expresen o manifiesten los motivos o causas que los lleva a cometer este delito.
Es totalmente inaudito que una ruta como la Nacional Nº 11 altamente transitada, y donde si bien existe un camino alternativo, el mismo no puede ser utilizado por diferentes vehículos entre ellos los de transporte de pasajeros, de cargas, los de combustible, los de gas y otros limitándose solamente a vehículos livianos, “para nosotros no significa una solución afirmaron desde la Defensoria del Pueblo”.
Por ello, el Ombudsman Provincial, José Leonardo GIALLUCA pidió la detención de estas personas y su procesamiento, en un contexto donde todos debemos cumplir obligaciones y derechos, no existiendo privilegios para nadie y en consecuencia “no vamos a criminalizar las protestas sociales, pero sí vamos a denunciar todas aquellas manifestaciones que perjudiquen al resto mayoritario de la comunidad que necesita transitar libremente y que tiene que trabajar desplazándose por las rutas nacionales, provinciales o caminos vecinales y para ello tenemos una Justicia Federal que debe actuar en consecuencia con la rapidez que implica, “la burla por parte de estas personas a todo un sistema judicial y además a toda nuestra comunidad , puesto que siempre se repite la misma historia y el que violenta nuestro Código Penal ni siquiera es identificado, entre tanto las fuerzas de seguridad en cada control exigen diferentes documentaciones a los propietarios de los vehículos o transportes que si no están al día, inmediatamente son sancionados”.
Pedimos la intervención del Ministerio de Seguridad de Nación, pero nunca da una orden Patricia Bulrich para que un corte de ruta nacional sea neutralizado y el famoso Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones públicas, únicamente se aplica a favor de la Ciudad de Buenos Aires, dejando al resto del país, librado a las injusticias y decisiones que adoptan personas que deben ser desalojados y privados de su libertad conforme lo establece nuestro Código Penal.