Desde la «Dirección de Derechos Humanos, y Grupos Minoritarios – Discriminación – Xenofobia – Trata de Personas – Discapacidad» de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, ante el pedido de informes interpuesto por criollos y comerciantes de la Localidad de Ing. Juárez; acerca de cuál es la situación actual del ciudadano Agustín SANTILLÁN, quien se encuentra privado de su libertad como consecuencia del Sumario Judicial 105/17, el cual fuera apelado y en donde el Juez de Las Lomitas de la 3ra Circunscripción Provincial Dr. Marcelo Javier López Picavea, debe dictar un nuevo fallo judicial conforme lo determinara la Cámara Penal, en una causa caratulada “Robo Agravado por el uso de arma de fuego”.
Desde el Organismo de la Constitución y tal como se comprometiera oportunamente con toda la Comunidad de Ing. Juárez, tanto con los sectores Originarios, como Criollos, en el sentido de que aquellas personas que hayan cometido delitos contra las personas y la propiedad debían ser sometidos al proceso Judicial correspondiente para así deslindar responsabilidades, -pues todos somos iguales ante la ley y no existe para nadie ningún tipo de privilegios, ni prerrogativas-.
La Defensoría del Pueblo, denunció que las acusaciones hacia el desenvolvimiento y trabajo de la Justicia Penal de nuestra Provincia, por parte de quienes desconocen los hechos o peor aun conociéndolos los quieren distorsionar y lanzan afirmaciones mediáticas en las cuales sostienen que, “Agustín SANTILLÁN, es un preso político de Formosa”, es toda una falacia coordinada por quienes dicen defender los Derechos Humanos y se olvidan que para que imperen las garantías constitucionales es necesario dejar que la justicia actúe independientemente de modo tal que todo quede debidamente aclarado, ya que la mayor parte de los integrantes de las Comunidades Originarias de Ing. Juárez y toda la zona del oeste formoseño, así como los criollos, comerciantes, docentes, quieren vivir en paz y sin miedo o temor a hechos violentos.
En este mismo contexto, se fustigó las manifestaciones del Titular del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas, Félix DIAZ, quien afirmó, “Si Maldonado fuera indígena lo ignorarían”, lo cual muestra una mirada sesgada acerca de quien dice que defiende los Derechos Humanos de las personas y ponemos en su conocimiento que desde hace tiempo ésta misma Defensoría del Pueblo viene llevando adelante, una serie de Actuaciones y gestiones para conocer, cual es el paradero de su nieto Marcelino OLAIRE y proseguiremos con las mismas hasta tener una respuesta.
El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca, responsabilizó de toda esta situación al actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Dr. Germán GARAVANO, como así también al Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno Nacional Lic. Claudio Bernardo AVRUJ, puesto que existen grupos de Comunidades Originarias, tanto en el sur como en el norte del país que promueven el reconocimiento de una soberanía independiente sobre sus propios territorios, con la intención de crear nuevos Estados y en donde la violencia se torna peligrosa si no actúan rápidamente las autoridades competentes y constituidas, puesto que se deben poner límites a éstas intenciones de crear, “una Nación Wichí o un Estado Mapuche dentro de nuestra propia República y en donde lo que se plantea es una separación y autonomía plena que está en contra de lo que establece nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes”; y esto, se aclaró no tiene ninguna relación con la problemática de tierras que se pudiera dar en algún lugar de nuestro país, pues entendemos que esta temática debe abordarse con pluralidad y en espacios de dialogo que tengan por objetivo una solución de fondo a una cuestión que lleva años y cada día que pasa, se torna más virulenta.