Un grupo de Licenciadas en Psicopedagogía, han acudido a la Defensoría del Pueblo de la Provincia en procura de lograr que diferentes obras sociales y la Superintendencia de Servicios de Salud, les abonen y posibiliten el pago por honorarios facturados y adeudados a cada profesional de la salud y/o educadora, siendo que en muchos casos, “se les debe más de 6 meses de salarios y aun así continúan brindando sus servicios esenciales a niñas y niñosa que padecen Trastorno del Espectro Autista (TEA)”.
En este contexto se llevó a cabo una reunión de trabajo, de la cual participaron las Licenciadas en Psicopedadogía (reclamantes), el Defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca y los Asesores Letrados Dres. Carolina Ruiz Diaz y Favio Fleitas. Las reclamantes denunciaron que, entre las obras sociales que incumplen desde hace meses con sus obligaciones, se encuentran OSPAT y Unión Personal Civil de la Nación, entre otras. Es que aquí debe tenerse en cuenta que, las prestaciones de servicio brindadas como Maestras Integradoras de Apoyo, son esenciales para los niños que padecen TEA –Trastorno del Espectro Autista- y como en cualquier contexto de enseñanza se trata de favorecer el máximo desarrollo personal para conseguir la mayor calidad de vida posible de los pequeños. El objetivo central de la intervención en el alumno con TEA es la mejora de su conocimiento social y la mejora de las habilidades comunicativas sociales, así como lograr una conducta autorregulada adaptada al entorno. Por esto, la educación del alumno con autismo requiere una doble tarea: hay que enseñar la habilidad, pero también hay que enseñar su uso, un uso adecuado, funcional, espontáneo y generalizado. Todo esto, es desarrollado día a día por estas personas a quienes, por motivos que se desconocen, no se les abona la contraprestación correspondiente y lo más grave, señaló el Ombudsman Provincial, que existe toda una legislación que establece el financiamiento para estos casos y que están siendo abiertamente violadas e incumplidas por las obras sociales y también por la Delegación local de la Superintendencia de Salud de la Nación, encargada de fiscalizar la actividad. Es con este último Organismo con el que trabajaremos para que se le abonen los honorarios actualizados a las reclamantes, dada la mora en que han incurrido los obligados a pagar a efectos de que cumplan sus obligaciones para con éstas trabajadoras que brindan un tan importante servicio a la sociedad, estableciendo, de ahora en adelante sistemas o mecanismos que permitan que no se repitan estas anomalías, toda vez que las Maestras Integradoras de Apoyo, también tienen sus familias, hijos que mantener, servicios que pagar, y con mucha hidalguía, porque así lo requiere su trabajo, a pesar de que el pago de sus haberes se halla tan atrasado, hasta ahora continúan prestando sus servicios. En éste orden de ideas, el Secretario Letrado de la Defensoría, José Porfirio García, adelantó que el organismo llevará adelante todas las Acciones Administrativas necesarias para que, en el menor tiempo material posible, se hagan efectivos los honorarios adeudados a las psicopedagogas y de ser necesario, se acudirá a la Justicia para reclamar lo que corresponda más los daños económicos causados a las profesionales.