Desde la – Dirección de Seguridad Vial- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se remitió una solicitud a la actual Ministra de Seguridad Patricia Bulrich y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, German Garavano, con la finalidad de que arbitre las medidas necesarias dentro de su competencia, para que se proceda a liberar en forma total la Ruta Nacional Nº 81 , la cual se encuentra desde hace días interrumpida al libre tránsito de cualquier ciudadano por un grupo minúsculo de originarios que pertenecen a la Comunidad de Juan Bautista Alberdi, en jurisdicción de Estanislao del Campo.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca ,recordó que para la construcción y pavimentación de esta traza nacional se llevaron a cabo varias Audiencias Publicas, siendo las más importantes las celebradas en las Ciudades de Las Lomitas e Ingeniero Juárez y de las cuales participaron la totalidad de las Comunidades Aborígenes, Criollos, comerciantes, empresarios y vecinos en general, llegándose inclusive en algunos momentos a modificarse el recorrido de la traza para seguridad de establecimientos educativos y preservando siempre todos los territorios de asentamiento por parte de Comunidades Originarias.
Lamento el funcionario, la inacción de la Justicia Federal y también de Gendarmería Nacional quienes deben estar al servicio de los ciudadanos y no ser espectadores pasivos de graves delitos tipificados en nuestro Código Penal y nadie se puede amparar en que no exista una orden judicial, ya que estos ciudadanos, “ no cortan la Ruta Nacional Nº 81 en forma permanente, y por lo tanto no se les debería permitir que continúen violando la ley y los derechos de terceros cuando dejan libre la antes citada”.
Esto es lo que hemos puesto en conocimiento de los Ministerios Nacionales que tienen jurisdicción en esta materia, pues no se puede tolerar, ni permitir este tipo de situaciones y menos aun cuando existen conductas agresivas contra los eventuales usuarios de una ruta nacional y entendemos con fundamento que lo que se está requiriendo se lo hace para preservar la seguridad social en la zona, la cual actualmente está siendo vulnerada y se ha convertido en tierra de nadie.