La -Dirección de Justicia y Mediación Comunitaria-, de la Defensoría del Pueblo, emitió la Resolución 320, mediante la cual se solicita al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa (ICA), la urgente reubicación, previa consulta, de las más de cien familias de pobladores originarios que se encuentran ocupando una fracción del Lote Rural Nº 67, contigua al Barrio Nanqom de ésta capital.
La petición se funda en la necesidad de dar una solución habitacional definitiva a los integrantes del asentamiento que se conformó de manera irregular en el citado lugar, hace aproximadamente unos siete años, sobre terrenos privados de particulares, iniciándose con un par de familias. Así, desde el 2009, varios grupos de personas pertenecientes al Lote Rural 68 ( Bº Nanqom) se desplazaron hasta el lugar, hasta llegar a conformar el asentamiento actual. Desde ése momento, los propietarios, miembros de una familia de apellido Garavaglia, se opusieron a tales acciones, efectuando las denuncias del caso, acudiendo incluso a la justicia ordinaria, la que determinó en una primera instancia, que si bien no habría delito, se podría optar por otras vías legales a reclamar los derechos. Paralelamente, se fueron suscitando graves roces entre las partes, llegándose a momentos de extrema tensión que fueron aplacados por el accionar de la Policía de la Provincia la que por orden del Ministerio de Gobierno, a instancias de la Defensoría, intervino en varias oportunidades para evitar enfrentamientos violentos con consecuencias impredecibles. Los propietarios, acudieron también al Organismo de la Constitución, el que intervino por encontrarse comprometido el Derecho Humano a gozar de una vivienda digna de los pobladores originarios, frente al peligro de que quienes aparecen como dueños de las tierras en ejercicio también de un Derecho Humano, el de usar y gozar de su propiedad privada, obtengan una orden judicial de desalojo del lugar, lo cual podría dejar en desamparo a centenares de ciudadanos formoseños, miembros de la citada Comunidad del LR 67.
Sobre éste particular, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, expresó: “ Es preciso que se opere una solución de fondo a éste conflicto, pues sus consecuencias pueden ser lamentables, de no actuarse rápida y eficazmente. En esto no ayuda la presencia de quienes pretenden dividir a nuestra comunidad entre originarios y criollos, presentándose como supuestos defensores de los aborígenes y los mal asesoran; con una postura de abierto enfrentamiento contra la sociedad y nuestra Constitución Provincial y Nacional, so pretexto de que el criollo es su enemigo y que solo busca su exterminio y avasallamiento. Éstos personajes caen en acciones deleznables, como la de pretender convencer a los originarios de que con una habitación de siete años la ocupación de un territorio ya es tradicional o ancestral y pueden exigirlo en propiedad, no dimensionando que tal postura solo puede llevar a los aborígenes al desalojo compulsivo. Esperamos que las autoridades competentes efectúen las acciones necesarias para resolver esta problemática adecuadamente en favor de las familias en riesgo y que se ejecuten medidas definitivas para que se les asegure el acceso a una vivienda digna y se respete al mismo tiempo la propiedad privada de quienes la vienen invocando administrativa y judicialmente; evitándose todo enfrentamiento o vías de hecho entre las partes, que es lo que peticionamos a las autoridades competentes en la resolución de referencia.