La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina – ADPRA-, y en la cual la Defensoría de Formosa forma parte de su Comisión Directiva, manifestó su plena adhesión a la declaración emitida en el Concejo Federal de Derechos Humanos acerca de la situación procesal de la Sra. Milagro Sala y las opiniones emitidas por organismos internacionales.
Al mismo tiempo los Ombudsman de todo el país, expresaron su repudio a las manifestaciones de la posibilidad de juzgamiento de una persona por medio de una consulta popular.
En el marco de la Republica y de la vigencia plena del estado de derecho, el único poder con capacidad constitucional para juzgar a personas es el Poder Judicial.
El Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, se expresó en el sentido de que en nuestro sistema penal, se admite el encarcelamiento preventivo de una persona pero solo de modo excepcional y ante la falta de condena en su contra, es por principio inocente. La actual situación de detención de esta ciudadana pone en jaque la presunción de inocencia de la que toda persona goza hasta que una sentencia dictada por Autoridad Competente declara lo contrario, además de la igualdad entre las partes y el derecho de defensa y por ello nuestras leyes y las Convenciones Internacionales son muy celosas respecto de las exigencias para hacer uso de esta potestad por parte del Poder Judicial.
Con la propuesta actual de someter esta decisión respecto de la suerte de una persona detenida a un plebiscito o consulta popular, debe ser rechazado de plano, pues llevar adelante este tipo de proceso es poco serio y además se está desconociendo que los jueces son los garantes de los derechos de las personas. Lo que sucede es que estamos viviendo tiempos donde se mira la condena de un inocente como algo grave, pero peor ser mira la impunidad de un culpable, pero ello no puede enceguecer a los responsables institucionales de cada sistema de gobierno sea este nacional o provincial y no podemos respaldar decisiones judiciales en mayorías populares puesto que no es la vida institucional adecuada.