Como consecuencia de pedidos efectuados por ciudadanos y comerciantes que habitan los departamentos del oeste provincial, y ante los reiterados e irracionales cortes de rutas tanto nacionales, provinciales y caminos vecinales, a lo que se le suman daños causados al tendido energético de varias Comunidades Aborígenes, entre otros delitos; desde la Defensoría del Pueblo se solicitó al Comandante Mayor de Gendarmería Nacional Formosa, Jorge Luis Caligaris, proceda a ordenar las medidas urgentes y legales que se encuentran dentro de la competencia de la fuerza nacional, para liberar en un caso 2 cortes sobre la Ruta Nacional Nº 81 a la altura de la Colonia Juan Bautista Alberdi y el otro en dirección a la localidad de Estanislao del Campo, teniendo en cuenta lo previsto por el Articulo 194 del CPA . En ese mismo contexto se peticiono individualizar a los partícipes de los hechos delictivos y también se investigue a los autores intelectuales que actualmente incitan e impulsan a concretar estos cortes de rutas que perjudican a miles de ciudadanos, realizando peticiones absolutamente antojadizas.
Desde el Organismo de la Constitución se señaló que un grupo de 20 originarios, demandando alumbrado público para una cancha de futbol, indumentaria deportiva y balones, cambio de postes y cableado para la Colonia Juan Bautista Alberdi, interrumpen el paso de todo tipo de vehículos. Advirtió el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, que al mismo tiempo hemos denunciado ante el Juzgado Federal, a los autores materiales de estos hechos que impiden el libre tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 81 y pedido se individualice además a los autores intelectuales. Por otra parte se ha solicitado, intervención a la Policía de la Provincia para que informe las graves situaciones producidas por 14 familias Originarias que se han separado voluntariamente de su Comunidad y se encuentran obstruyendo una Ruta Provincial, a 2 km antes de llegar a María Cristina, liderados por Timoteo David quienes, ahora plantean que el Estado “les brinde los servicios esenciales de agua potable, energía eléctrica, centro de salud, edificio escolar y viviendas, todo lo cual, ya lo tenían en el lugar donde residían anteriormente”.
Los vecinos y transeúntes han denunciado que son objeto de “extorsiónes” por parte de estas personas quienes exigen el pago de $50 para dejar pasar los motovehiculos y $100 por cada automovilista, desde hace aproximadamente 12 días. Idéntica situación se replica con 17 familias acompañadas por el Cacique Elías Arias, que se han trasladado también voluntariamente a 6 km del Paraje San Miguel con idénticas peticiones. A su vez 7 familias lideradas por el Sr. Rubén Vega, se hallan interrumpiendo el libre tránsito de la Ruta Provincial Nº 39 a 5 km de la localidad de El Quebracho y en donde los manifestantes arrojando objetos contundentes sobre las líneas de energía, han interrumpido el suministro eléctrico lo que impide el normal desarrollo y funcionamiento de la Escuela Agro Técnica Nº 10, quienes no solamente pierden los productos que necesitan refrigeración sino que tampoco pueden continuar trabajando, frente a estos hechos vandálicos; los manifestantes realizan idénticas peticiones que los anteriores grupos.
Gialluca considero que los reclamos se pueden realizar de distintas maneras, una es la manifestación y las protestas por vías pacíficas, pero otra es canalizarlas a través de delitos y en este caso lo que corresponde es aplicar la ley, pues si ello no se hace entraremos en un caos, estamos frente a abusos de derechos por parte de estas personas, pues el derecho de cada uno termina cuando empieza el del otro, violentándose el Articulo 14 de la Constitución Nacional y además estos hechos podrían encuadrarse en una Asociación Ilícita en tanto 3 o más personas se reúnan para cometer un delito y es allí donde el Articulo 210 del CPA establece que serán reprimidos con prisión o reclusión de 3 a 10 años, al que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de la asociación y en el caso de los Jefes u Organizadores, el minino de la pena será de 5 años de prisión o reclusión.