Desde la – Dirección de Derechos Humanos y Grupos Minoritarios, Discriminación, Xenofobia, Trata de Personas, Discapacidad- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se peticiono formalmente al actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. German Garavano y a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural a cargo del Lic. Claudio Bernardo Avruj, que en base a los antecedentes existentes en el Congreso de la Nación y que establecen que las familias de los 16 conscriptos caídos en el ataque del 5 de Octubre de 1975 en el RIM 29, perciban como indemnización por única vez, una suma de dinero, lo cual en su momento fue aprobado en la Cámara Baja, por 135 votos a favor, 18 en contra y 43 abstenciones.
Entre los que se opusieron estuvieron en ese momento, Remo Carlotto, hijo de la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y exsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Grosso y Adela Segarra. Por otra parte, apoyaron el proyecto, entre otros, Carlos Kunkel del Frente para la Victoria que, en aquel momento, era el jefe montonero de la región aunque no participó del ataque, y Andrés Larroque y Eduardo de Pedro. Algunos de quienes se abstuvieron fueron Edgardo Depetri y Agustín Rossi, y Horacio Pietragalla. Esa iniciativa obtuvo el repudio y el rechazo de la agrupación H.I.J.O.S. y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que critico el intento e hizo un llamado a las fuerzas políticas populares a redoblar sus esfuerzos para impedir que el proyecto se convierta finalmente en ley en el Senado y por la Asociación de abogados por los Derechos Humanos que argumentaron que los soldados afectados, en la mayoría de los casos, han percibido indemnizaciones en su ámbito administrativo en los tiempos inmediatamente posteriores como ocurriera con los afectados militares en otros hechos similares.
Finalmente tras estas polémicas, diferentes proyectos fueron perdiendo estado parlamentario y lo que es peor nuestros héroes del 5 de Octubre, a 41 años de haber defendido un Gobierno Democrático, van desapareciendo lentamente sin que el Estado Nacional les reconozca una reparación económica para los que aún viven y/o para sus derechos habientes, para los que ya fallecieron, y por ello acudimos a estas instancias nacionales, de modo que este resarcimiento legitimo sea aprobado en el Congreso de la Nación en el menor tiempo material posible, pues todo lo que se debía discutir ya se realizó y ahora lo único que resta es únicamente, “señalo el Ombudsman Provincial, es la voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo de cerrar ese capítulo tan caro a todos los formoseños que año tras año, los 5 de octubre , nos queda una sensación de no haber podido cumplir con quienes ofrendaron sus vidas en defensa de las Instituciones y por ello Institucionalmente continuaremos insistiendo en que les sea otorgada dicha reparación, pues nadie puede oponerse a ello con algún fundamento valido”.