Ante la nueva Reglamentación de la Ley de Tierras que busca facilitar la llegada de inversiones extranjeras en todo el país y que fue promovida por el Gobierno Nacional de Mauricio Macri, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, fijó su postura Institucional, ante una abierta violación del Estado de Derecho, pues una Ley que fue votada en su momento por todos los Partidos Políticos de la Argentina y que tiene por objetivo frenar los latifundios ha sido dejada de lado y ahora mediante un simple Decreto del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional el Nº 820/16 que modifica el Decreto 274/12 que a su vez modificó la Ley Nº 26.737. Por ello es imperioso y urgente que el mismo Gobierno Nacional deje de lado el mismo, en primer término porque existe una Ley que no puede ser dejada sin efecto a través de un Decreto y por otro lado, éste último Instrumento no es el más adecuado para defender los intereses territoriales nacionales.
El Gobierno Nacional modificó la Reglamentación de la Ley de Tierras Rurales para quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros. Al respecto, el Subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, aseguró que la nueva Reglamentación de la denominada Ley de Tierras Nº 26.737, busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el Decreto 274 de 2012, que legalizó el límite a la extranjerización del suelo nacional. Mediante el Decreto 820/2016, el Gobierno Nacional definió que se considera titular extranjero a quien sea titular de «más del 51% del capital social de una persona jurídica». Esto cambia la norma que estaba vigente, en la que se definía como extranjero a quien sea titular de «un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%)». El Decreto, que lleva las firmas de Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete, Marcos Peña; el Ministro de Justicia, Germán Garavano, y el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, apuntó contra un elemento de la ley, en la que se indica que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe.
Por otro lado el Decreto presiona a las provincias para que en los próximos 30 días definan esas «equivalencias», en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito. En caso contrario, la resolución del Gobierno Nacional advierte que el Consejo Interministerial de Tierras Rurales «fijará las equivalencias». Este Consejo estará integrado por los Ministros de Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y Defensa, mientras que cada provincia estará representada por los respectivos Ministros de Agricultura de cada Distrito.
Desde el Organismo de la Constitución Provincial señalaron que, no se puede realizar una flexibilización normativa totalmente irregular y dejar que grandes latifundios con cursos de agua íntegros, riachos, espejos de agua, etc. puedan ser comprados y explotados exclusivamente por extranjeros, vedándoles a los productores y vecinos de las zonas aledañas hacer una utilización comunitaria de los mismos. No es razonable y menos aún constitucional que para privilegiar inversiones extranjeras en tierras argentinas se deje vigente un Decreto como el que en este acto estamos cuestionando y por ello, hemos dado intervención al Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia, para que a través de su Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, accionen tanto administrativamente como judicialmente en contra del citado Decreto Nacional.