Se pidió un Acuerdo Federal Energético que contemple las realidades sociales, económicas, climáticas y culturales de cada Región del País-
Tal como lo había adelantado la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, la Corte Suprema puso un freno al tarifazo del gas implementado por el Gobierno Nacional, ya que no se habían cumplido con las Audiencias Públicas obligatorias previamente y que son un requisito esencial cuando el Ejecutivo Nacional modifica precios o tarifas de servicios públicos, en fundamento del Articulo 42 de la Constitución Nacional que prevé la participación de los usuarios, la Democracia Republicana, el derecho a la información y las leyes aplicables al caso.
El tribunal, por unanimidad, resolvió: • Que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio• Se confirmó la sentencia apelada en cuanto declara la nulidad de las Resoluciones del Ministerio de Energía • La decisión se circunscribe al colectivo de los usuarios residenciales • Respecto de ellos, las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones que se invalidan.• Se mantiene la tarifa social.
El Ombudsman Provincial señalo que este Fallo, “ya sienta un precedente que próximamente la Corte se expedirá en igual sentido, en relación al tarifazo energético, pues al haber incrementado el Presidente Macri el costo de generación de la energía sin Audiencia Pública, ahora la tendrá que convocar y de ella si bien no es vinculante, se podrá escuchar a todas las partes que quieran participar y el Gobierno Nacional, “debe tener en cuenta los antecedentes de estas Audiencias Públicas” y por ello en la práctica cuando CAMMESA se vea obligada a cobrar a REFSA la energía que le vende a un menor valor, esto se trasladara también a los usuarios y esperamos que también la comercializadora nacional, le emita las notas de crédito correspondientes a REFSA, y nuestra distribuidora haga los mismo con los usuarios residenciales, comerciales y PyMES pues en este caso las acciones judiciales fueron planteadas más ampliamente que las del gas, que pidieron únicamente por los usuarios residenciales.
Por último, Gialluca señaló que ha quedado en claro que es el Poder Ejecutivo Nacional el que tiene que implementar las políticas energéticas que hoy no tenemos y que el Poder Legislativo debe determinar los marcos regulatorios y las facultades tributarias siendo el Poder Judicial el que debe controlar si las tarifas se ajustan a la Constitución, a la Ley y su razonabilidad. Sugiriendo que a todo esto sería muy auspicioso para todos que podamos llegar a un, “Acuerdo Federal Energético que contemple las realidades sociales, económicas, climáticas y culturales de cada región del País”.