Ante el panorama que se vive actualmente y en el cual la producción, distribución y la fijación de precios en el mercado de medicamentos en nuestro país, está monopolizado exclusivamente por los laboratorios, lo que ha producido aumentos arbitrarios e injustificados y que en el último semestre subieran hasta un 47%, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, le peticionó formalmente al Ministro de Salud, Dr. Jorge Daniel Lemus y al Secretario de Comercio Miguel Braun, que ordenen adoptar medidas administrativas y legales urgentes ya que se hace necesario que el valor de los medicamentos poseen un precio justo y razonable en donde el mercado farmacéutico actualmente con su fuerte concentración económica y la estructura oligopólica en algunos componentes de la cadena de valor, están produciendo graves perjuicios a los consumidores y también a las Obras Sociales.

En el segmento mayorista de la cadena que está constituido por distribuidoras y droguerías que, a su vez, se encargan de la distribución en farmacias y centros de salud, su rasgo fundamental de este eslabón es que está altamente concentrado. En la actualidad se encuentran registradas aproximadamente 445 droguerías, pero solo cuatro de ellas (Del Sud, Monroe Americana, Suizo Argentina y Barracas) se reparten el 70 por ciento del mercado.

En referencia a las distribuidoras, el grado de concentración es aún mayor, pues cuatro firmas concentran el 99 por ciento de las ventas: Rofina (del laboratorio Roemmers), Disprofarma (vinculada a Bagó), Farmanet (sociedad del laboratorio Gador, Casasco, Bayer, Novartis y Boehringer Ingelheim) y Global Farm (vinculada a los laboratorios estadounidenses). Obviamente estas “asociaciones” tienden a configurar una estructura de mercado que beneficia la connivencia de precios y atenta contra la salud pública.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, propuso por un lado que se importen remedios, con el propósito de promover una competencia real para que los laboratorios locales bajen sus precios y por otra parte también adoptar otras medidas como es la aplicación de la Ley Nº 25.649/02 que obliga a recetar genéricos a los médicos y al farmacéutico a ofrecerle al consumidor productos equivalentes y mas económicos y que son igualmente efectivos que los artículos de primera línea, pues las marcas mas conocidas del mercado, las líderes siempre son mucho mas caras.

Por último concluyó que, debe existir una salida y una solución a esta situación que está incidiendo negativamente en la salud pública y en los derechos humanos esenciales de la población y por ello el Estado debe estar presente y no dejar que la industria farmacéutica se concentre y fije libremente los precios como lo hace actualmente.