Ante la complicada situación judicial que se vive actualmente con relación al tema de las Tarifas tanto de Energía como de Gas, luego de los desmesurados aumentos autorizados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minería, desde la Defensoría del Pueblo, se señaló que acompañaremos al Estado Nacional en todo lo que sea consumir menos Energía y hacerlo en forma racional, pero también es necesario que el Presidente Mauricio Macri escuche nuestras propuestas y de esa forma también encontrar una solución para las Provincias del NEA que somos electro dependientes, que no tenemos gas por red y que durante casi todo el año nuestros hogares poseen importantes consumos que se inician desde los 1000Kv en adelante y ello se refleja en importantes montos a pagar que hoy están siendo imposibles de afrontar por miles de familias y también de Pymes en la región del NEA.
El ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que si la Corte Suprema de Justicia toma el tema de Tarifas de Servicios Públicos, debe exigir al Gobierno Nacional a que llame a Audiencias Públicas y que si bien estas no son vinculantes, nos permitirán confeccionar Cuadros Tarifarios, que contemplen las realidades sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales de cada región o zona del País.
En este sentido, desde el Organismo de la Constitución, se indicó que el Amparo interpuesto en el mes de Febrero del corriente año, se encuentra en la Cámara Civil y Comercial con sede en la Ciudad de Resistencia y que luego de la Feria Judicial, seguramente la misma se expedirá al respecto.
No obstante lo cual, se advirtió que es el Estado Nacional el que debe fijar las políticas públicas al respecto y no la justicia y para ello, “ya hemos propuesto que se conceda o una tarifa regional diferenciada o un aumento generalizado hasta 500Kv de la Tarifa Social o disminuir en un 50% el costo de la generación de energía que debe comprar nuestra distribuidora y otras alternativas que hasta el día de la fecha, no han tenido ninguna respuesta y por ello es que cuando salen los fallos judiciales el Estado Nacional debería respetarlos y no apelarlos para lograr luego con las Audiencias Públicas, (sin pretender hacer valer viejísimas audiencias que se llevaron a cabo en otro contexto), tarifas que tengan un costo que puedan ser pagadas por los usuarios y que no lleven a la quiebra a miles de Pymes y lograr una solida y clara política energética nacional, respetando la realidad de cada región del País”.