Desde la Defensoría del Pueblo se dio a conocer que la próxima semana el Ministro de Energía y Minería de Nación, Ing. Juan José Aranguren , convoco al Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, a una Audiencia en la que participara también el Ing. Andrés Chambouleyron, Subsecretario de Políticas Tarifarias; y a quien planteara la necesidad de aprobar en forma inmediata una tarifa regional diferenciada para el NEA, o un aumento de hasta 500kw en la tarifa social que sea extensiva a todos los usuarios en general , como asi también la flexibilización de los requisitos formales de las leyes que prevén una tarifa especial para los clubes de barrio, entidades sin fines de lucro, iglesias y otras que hoy no pueden hacer frente al costo de las facturas de energía eléctrica por el elevado valor de las mismas y se ven obligadas a limitar sus actividades , cuando no a cancelar una serie de actividades.
Desde el Organismo de la Constitución, se anticipo como sumamente negativo que el Estado Nacional se haya presentado a la Corte Suprema, solicitándole que frene los amparos interpuestos contra los aumentos de las tarifas que se multiplican en todo el país.
Gialluca considero que el Gobierno Nacional busca que el máximo Tribunal determine la constitucionalidad de las Resoluciones dictadas por el Ministerio de Energía y Minería y también de los nuevos cuadros tarifarios de electricidad y de gas.
En este sentido , considero que una cosa son los “avances sustanciales que se han dado mediante acuerdos políticos imponiendo topes del 400% al aumento para los consumos residenciales del gas en la Patagonia frente a alzas de hasta el 2700% en las ultimas facturas; pero cuestión muy distinta es “condicionar a los Jueces Federales de las diferentes provincias que hoy deben resolver amparos a favor de los consumidores y en el caso de Formosa, el Estado Nacional no ha limitado el fuerte aumento tarifario otorgado a la generación de la energía concedida a Cammesa y que inexorablemente repercutió en las facturas de los usuarios residenciales y comerciales de toda nuestra jurisdicción , pero si encontramos una resolución política a esta situación , obviamente no continuaremos con las acciones judiciales , pues ahora interpondremos otras a favor de diferentes entidades públicas que brindan importantes servicios sociales a nuestra comunidad y que se ven impedidas de hacer frente a los nuevos valores de la energía eléctrica”.