En el mes de abril con la visita de la Gerente Regional de Vialidad Nacional para el NEA, Lic. Ingrid Jetter, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, le peticiono le informara cuales son los distintos Municipios de toda las provincias del NEA, que poseen Convenios con empresas privada y a través de ellas instalan equipos de fotomultas y otros como radares, sobre trazas nacionales con una finalidad meramente recaudatoria y no con el objetivo de garantizar, concientizar y evitar accidentes viales, tal como lo prevé la normativa vigente en la materia. En esa misma reunión se dejo en claro que en la provincia de Formosa, “no se ha permitido este tipo de accionar y ningún Municipio aplica estos sistemas antes descriptos”. Asimismo la funcionaria nacional, adelanto que, “todos los Convenios, Acuerdos y equipamientos instalados en las rutas nacionales del NEA, no poseen ninguna autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.
En este sentido Gialluca informo que en el día de ayer, la justicia suspendió los radares y todo otro sistema electrónico para el control de velocidad en la provincia de Santiago del Estero. La Defensoría del Pueblo de esa jurisdicción, se hizo eco de numerosos reclamos y quejas recibidas por multas por supuestas infracciones de tránsito captadas con radares, cometidas por particulares en rutas provinciales y nacionales que atraviesan los municipios de Colonia Dora, Frías, Loreto, San Pedro de Guasayán, Pinto y Pozo Hondo. En efecto, conforme surge de la normativa aplicable al caso, los mencionados Municipios no cuentan con la autorización, habilitación y homologación de convenios vigentes (Decreto Ley Serie Nº 0894/97, por el cual se resolvió suspender el uso de radares y todo otro sistema electrónico para el control de velocidad en el ámbito de la provincia) con la autoridad de aplicación con competencia exclusiva para la colocación y uso de sistemas automáticos y semiautomáticos de control de infracciones con jurisdicción nacional, esto es, la Agencia Nacional de Seguridad Vial creada por Ley 26.363 a la cual Santiago del Estero adhiere mediante Ley 6.904. Asimismo, la jueza del Crimen de Primera Nominación, ha merituado que los municipios infractores han hecho caso omiso a las recomendaciones, advertencias e intimaciones efectuadas oportunamente por la Defensoría del Pueblo. Asimismo, declaro la nulidad de los procedimientos administrativos y/o de ejecución que se encuentran en curso en esas jurisdicciones, así como todas las actas de infracción dictadas en violación a la legislación vigente, con excepción de aquellas que hubiesen sido consentidas expresa o tácitamente por los infractores.
Evasión impositiva y defraudación a las arcas del Estado
A partir de la resolución adoptada por la jueza santiagueña, se impulsaran medidas a los efectos de determinar la cuantía y el destino de los fondos recaudados por los radares en conjunto con los municipios por las empresas privadas. Una de ellas, oriunda de Córdoba y que gira bajo la denominación comercial de Láser Controles S.A., se estima que facturó en tan sólo un año más de 10 millones de pesos que habría declarado al municipio de Colonia Dora. Las fuentes deslizaron que Láser Controles no tributa en nuestra provincia impuestos en ningún concepto ni está inscripta por convenio multilateral por lo que las investigaciones se ampliarían a evasión impositiva y defraudación al fisco.