Desde el -Área de Niñez, Adolescencia, Seguridad Social y Adultos Mayores-, de la Defensoría del Pueblo, se denuncio al ANSES – UDAI Formosa y al ANSES Central, a cargo del Sr. Emilio Basavilbaso, “la quita arbitraria e irregular de jubilaciones concedidas por moratoria a ciudadanos de nacionalidad paraguaya que viven realmente en nuestra provincia hace mas de 50 años”.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señalo que en este caso se trata de un matrimonio domiciliado en el Bº Santa Rosa, sobre la calle Pedro Freitas y que venían cobrando su beneficio de jubilación hace aproximadamente más de siete (7) años y que se encontraron con la desagradable sorpresa el 11 de febrero del corriente, que no se les había depositado ninguna suma de dinero. Estos adultos mayores concurrieron inmediatamente al ANSES – UDAI Formosa para conocer los motivos de la falta de pago y a la vez se les exigió que cumplimentaran con una serie de requisitos que ya habían presentado en otras oportunidades como ser fotocopia del título de propiedad, facturas de luz, teléfono, agua, acta de matrimonio, siendo además que los mismos contrajeron enlace en nuestra provincia y ante esta decisión unilateral de excluirlos del sistema, no solamente no perciben sus jubilaciones que poseen naturaleza alimentaria, sino que además hasta el día de la fecha se les ha suspendido su obra social, por lo que se encuentra en riesgo la salud de los citados.
El Organismo de la Constitución hizo responsable directamente al ANSES por la integridad psicofísica de estas personas y señalaron que al comunicarse con la Línea N º130, “se les pidió volver a contactarse a fines de abril”, por lo cual inmediatamente el Defensor del Pueblo ordeno la denuncia pertinente para obtener la restitución de los beneficios a estos jubilados de nacionalidad paraguaya, que están siendo privados arbitrariamente e ilegalmente de sus legítimos derechos y por ello la ANSES debe hacerse responsable de la situación.
Añadió el funcionario provincial que trabajamos por la normalización de todas estas situaciones que se dan en provincias de frontera, pero pidió “a los organismos nacionales ser prudentes con las suspensiones de beneficios y analizar exhaustivamente todos los casos, pues de lo contrario, terminan pagando las consecuencias personas justas por pecadores”.