Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se formulo una presentación contra el Gobierno de la Ciudad a cargo del Ing. Mauricio Macri (PRO) en defensa de los derechos de los usuarios y consumidores en general, toda vez que la Fiscalía General del Gobierno Porteño presentó un pedido para anular la Reforma aprobada por el Congreso de la Nación; que creó condiciones más beneficiosas para la defensa de los consumidores en el trámite de reclamos y litigios frente a eventuales abusos de las empresas. Se pretende exigir a la justicia en lo civil y comercial federal que declare inconstitucional la norma, alegando «un perjuicio irreparable» en base al supuesto avasallamiento de la autonomía jurisdiccional de la Ciudad. Las medidas oportunamente aprobadas crean una instancia de mediación gratuita para resolver conflictos entre usuarios, sanciones más fuertes ante incumplimientos de prestadores, plazos perentorios y un fuero judicial dedicado especialmente a atender casos de violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor.
Se intenta también anular todo el contenido de la ley que creó el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones del Consumo, sancionada el 17 de septiembre de 2014.
Estas acciones y presentaciones implican expresamente, una señal al sector empresarial que podría verse afectado por la normativa que impone sanciones y multas más duras para las compañías que afecten los derechos de los consumidores, que suelen judicializarse en causas eternas, y cuyos abusos son motivo de descontento en diversos rubros, ya que las empresas siempre van a tener un mayor poder económico y logístico para litigar infinitamente, en contra de las posibilidades limitadas que tenemos los usuarios y consumidores y es por esto que dejar de lado la conflictividad y la burocracia ha sido uno de los objetivos de la reforma, favoreciendo de esta manera a los sectores más débiles y vulnerables de las relaciones de consumo.
La iniciativa en su momento tuvo entre otros fundamentos de hecho y de derecho, la necesidad en la práctica de abarcar los reclamos por violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia.
Lo más grave, es que también se pretende dejar sin efecto el Sistema de Conciliación Previa (COPREC) al que se lo califica equivocadamente como un sistema de resolución de conflictos que el Estado «no está constitucionalmente facultado» para instituir, y reprocha que los costos y honorarios de la conciliación corran por cuenta del prestador o proveedor.
Bajo el argumento de la representación genérica de los consumidores y de que la ley objetada se basa en relaciones comerciales y de consumo, el fuero elegido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para radicar la denuncia, es el Civil y Comercial Federal, el mismo fuero que se enfrentó al gobierno nacional durante cinco años por la Ley de Medios, y por dictar una cautelar que beneficia a la Sociedad La Rural.