Desde la -Dirección de Derechos Humanos y Grupos Minoritarios, Discriminación, Xenofobia, Trata de Personas, Discapacidad-, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se enviaron nuevas pruebas documentales a la APDH- Argentina y a la CIDH- Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, sobre la responsabilidad dolosa y objetiva de la Sra. Alejandra Carrizo, integrante de la APDH- Regional Formosa y de su Apoderada la Dra. Roxana Silva, en cuanto a la presentación apócrifa de fotografías en las que pretendieron fundar una “falsa denuncia” y también diversas Actas de donde surgen las conductas irregulares de estas ciudadanas y sus responsabilidades legales en relación al último corte de la Ruta Nacional Nº 11 a la altura del Bº Namqom.
La Defensoría del Pueblo, resaltó el Informe que obra a fojas 1.908 a 1.910 de Autos y de donde surge que el día 30 de septiembre del corriente año, cuando alrededor de 20 a 30 originarios encabezados por Pablo Aponte y por incitación e instigación en un principio del Sr. García Gabriel del Rosario, los efectivos policiales uniformados, sin armas de fuego y siguiendo expresamente lo dispuesto por el Protocolo de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas; no obstante lo cual, la APDH- Regional Formosa, presento una denuncia con pruebas fotográficas suscriptas por la Dra. Roxana Silva y donde se observa una mano con vainas servidas de armas de fuego, lo que es absolutamente falso y no se corresponde a ningún tipo de arma del personal policial interviniente en el hecho antes descripto.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha documentado a través de diversos testimonios volcados en Actas que los Originarios del Bº Namqom, en dicha oportunidad fueron incitados por la Dra. Roxana Silva, y la Sra. Alejandra Carrizo “quienes les manifestaban entre otras cosas, que el Gobierno debía solucionar el corte con carácter urgente dado que los camiones no podrían ni debían circular por el camino alternativo, por el seguro que les cubre y que ante uno o dos camiones que ellos lograran incendiar, tendría grandes problemas el Gobierno, porque los mismos fueron obligados a desviar su itinerario. Asimismo se ha podido probar el lugar en que se acumulaban las mercaderías provistas por la Dra. Roxana Silva, en la vivienda de la Sra. María Mendoza, ex Candidata a Concejal y donde se preparaban los alimentos que luego eran llevados para alimentar a los manifestantes que ejercían la medida de fuerza.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señalo que “estamos evaluando además, frente a la peligrosidad de las conductas desplegadas, solicitar formalmente que el Fiscal Federal de Turno, investigue todos estos hechos y cite a las personas responsables de cometer delitos previstos expresamente en nuestro Código Penal y sin que ello, signifique ni criminalizar la protesta, ni persecución alguna, sino simplemente que la Justicia Competente, intervenga y ponga las cosas en su lugar.