-La misma busca proteger a personas y hogares que como consecuencia de la pérdida de su fuente laboral, del poder adquisitivo y la insuficiencia de sus ingresos, jubilados, discapacitados, se han visto obligados a endeudarse para comprar alimentos, medicamentos, alquileres o pagar servicios públicos-
A partir de la próxima semana, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, junto a otras Asociaciones y Fundaciones locales, se iniciará una campaña de concientización sobre la problemática del endeudamiento familiar, con la recolección de firmas que serán remitidas a los legisladores nacionales, toda vez que en el Congreso se han presentado cerca de 30 iniciativas para abordar esta temática, que incluyen limitar las tasas de interés, regular las billeteras virtuales, refinanciar deudas y proteger a las personas frente a cobranzas abusivas, entre otras medidas, propuesta que se sumará a la de otros espacios de ONG de diversas provincias, en el entendimiento de que a la postura del Gobierno Nacional desde donde se sostiene que el endeudamiento debe resolverse entre deudores y acreedores, se planteará que el Estado está obligado a establecer reglas para evitar situaciones de abusos y prevenir que las familias queden atrapadas en una cadena de créditos. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, en Argentina, millones de personas y hogares recurren al crédito para comprar alimentos, adquirir medicamentos, pagar tarifas de servicios públicos, afrontar alquileres, sostener la educación de sus hijos o solventar tratamientos médicos o de salud en general. Por ello, cuando las personas y los hogares deben financiar con crédito el acceso a bienes indispensables para su subsistencia, la deuda deja de ser una cuestión exclusivamente privada para transformarse en un problema de interés público. Recordó que, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece la obligación de brindar protección integral a la familia y de asegurar condiciones dignas de vida, a su vez, consagra el principio de igualdad ante la ley (art. 16), mientras que el artículo 75 inciso 22 incorpora con jerarquía constitucional tratados internacionales, que reconocen el derecho a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la salud, a la educación y a un nivel de vida digno, (arts. 14 bis, 33, 42, 75 inc. 22 Constitución Nacional, “Declaración Universal de Derechos Humanos” -art.1-; “Convención Americana sobre Derechos Humanos., llamada Pacto de San José de Costa Rica” -art. 11- y art. 51 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina). El artículo 14 bis, fue complementado por la reforma constitucional de 1994, al determinar que el Congreso Nacional debe “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…”, (art. 75, inc. 23). Asimismo, mandó al Congreso a promover el “progreso económico con justicia social”, (art. 75 inc. 19). Así, cuando se eliminan las políticas públicas que cuidan a los más frágiles no se genera libertad; lo que se genera es desamparo. A las periferias abandonadas no llegan las leyes del mercado desregulado, el mercado busca la ganancia, no la fraternidad y cuando el Estado le suelta la mano a los más vulnerables, lo que queda no es la libre competencia, sino la ley de la selva. Resaltó que, el Estado Argentino ha intervenido muchas veces para pagar deudas privadas, cuando estuvieron en juego intereses económicos de los poderosos, como en la estatización de la deuda privada, por la que el Estado asumió pasivos externos de privados, por un monto estimado de entre US$15.000 millones y US$17.000 millones.
Luego, se transformó la deuda externa de empresas privadas en deuda pública (Comunicación A-251 del BCRA), por un monto de 15.000 millones de dólares, todo ello en el Gobierno militar de Facto (1976-1983). Después la pesificación (2002); la absorción de pasivos durante privatizaciones; rescates empresariales, el Bopreal -por el que el gobierno de Javier Milei asistió a los importadores, para cancelar la millonaria deuda comercial que tenían; diferentes blanqueos de capitales y regímenes de regularización patrimonial, que incluso, se benefició a muchos quienes no tributaron, sino que fugaron dinero del país, con grave perjuicio a los ingresos estatales, por lo que, si el Estado pudo rescatar a los poderosos, sin exigirles contraprestación, asumiendo deudas -algunas fraudulentas-, que pagamos todos, lo que ronda aproximadamente más de 40.000 millones de dólares, entonces ahora, tiene el deber de rescatar a quienes se endeudaron para sobrevivir.