Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, frente al anuncio realizado en su cuenta de la red social X, este viernes 12 de junio, por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, señalando que a partir del próximo viernes 19, las personas con discapacidad, podrían viajar en colectivos y trenes vinculando su -CUD- a la tarjeta SUBE, sin presentarlo físicamente, “y constituyendo el mismo, solo una noticia publicada por el Ministerio de Economía en el sitio web de www.argentina.gob.ar, se requirió formalmente a la Secretaría de Discapacidad a cargo del Dr. Alejandro Vilches y a la Secretaría de Transporte de Nación a cargo de Mariano Plencovich, remitan el -Instrumento Administrativo- en el cual se funda esta decisión, máxime cuando en contacto con Responsables y/o Propietarios de empresas de transporte de larga y media distancia que brindan servicio en nuestra provincia, “expresaron que ven a este anuncio como complejo de llevarlo a la práctica, toda vez que sus unidades no poseen los dispositivos de validación necesarios, las cuales deberían ser adquiridos e implementar todo un nuevo sistema para leer las tarjetas SUBE”.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca advirtió que no obstante este anuncio, de concretarse el mismo, convivirá con el beneficio de presentar el CUD en formato físico.
Cómo funcionará la vinculación: Para acceder a la nueva modalidad, los beneficiarios deberán registrar una tarjeta SUBE a su nombre y asociarla al CUD a través del sitio web oficial del sistema. La Secretaría de Transporte informó que la funcionalidad estará disponible desde el 16 de junio. Una vez realizada la vinculación, el beneficio deberá activarse mediante una terminal automática SUBE, la aplicación oficial para dispositivos con tecnología NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la transmisión de datos entre dispositivos con solo acercarlos a unos pocos centímetros) o directamente en las validadoras de los colectivos. El objetivo de la medida es agilizar los viajes, proteger los datos personales de los usuarios y reducir posibilidades de fraude vinculadas a la exhibición de documentación física. En todos los casos en que el titular viaje con un acompañante habilitado por su CUD, deberá repetir el procedimiento de validación para acreditar ese beneficio adicional.
El contexto que el anuncio no menciona: El anuncio de Adorni llega en un momento de profunda contradicción institucional. Mientras la Jefatura de Gabinete presenta este ajuste técnico como un avance en materia de accesibilidad, la misma gestión acumula un historial de recortes y escándalos que golpearon duramente al colectivo de personas con discapacidad. Entre 2023 y 2025 los fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cayeron un 18,2% en términos reales, mientras los montos asignados a las pensiones por invalidez perdieron un 17,7% de su valor. En agosto de 2025 se difundieron audios atribuidos al entonces titular del organismo en los que se denunciaba un presunto sistema de coimas con proveedores de medicamentos, caso que tramita en la Justicia Federal con varios imputados, entre ellos el exfuncionario. En diciembre de 2025, el Gobierno disolvió directamente la ANDIS en medio de ese escándalo, decisión que generó fuertes críticas de organizaciones del sector, legisladores de la oposición y especialistas en derechos de las personas con discapacidad. El ajuste también se plasmó en el presupuesto: el proyecto para 2026 prevé la eliminación de 155.000 pensiones por invalidez, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El Gobierno argumentó que la reducción responde a auditorías destinadas a eliminar beneficiarios que no cumplen los requisitos. Tampoco puede soslayarse que en mayo de 2026 el propio Gobierno, a través de la Resolución 28/2026, eliminó la compensación económica que percibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer. Esa medida motivó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para anular la normativa. La medida de digitalización es, en sí misma, un avance técnico que muchas organizaciones de derechos venían reclamando desde hace tiempo, ya que la exhibición del CUD en cada viaje generaba situaciones de demora, discriminación y exposición innecesaria de datos personales. Que sea el mismo gobierno que desguazó institucionalmente el área de discapacidad el que anuncia este avance agrega una dimensión política que el comunicado oficial deliberadamente omite, pretendiendo desviar la atención sobre otros temas que involucran al Jefe de Gabinete.