Desde la Defensoría del Pueblo, se señalo que el actual corte de la Ruta Nacional Nº 95, a la altura de las Comunidades Originarias de Riacho de Oro, San Carlos y San Diego, son absolutamente injustificadas, ilegales e inducidas por terceras personas que tienen, desde hace tiempo y actualmente – intereses particulares y partidarios para terminar finalmente perjudicando a todos los ciudadanos de la zona o de otros lugares que quieran transitar libremente dicha traza.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, explico que este año en el mes de mayo el Estado Provincial, inauguro la Escuela Nº 295 y el Jardín de Infantes Nº 38 en la modalidad Intercultural bilingüe en la Comunidad Aborigen de Riacho de Oro con una superficie cubierta de 815 m2, siendo la estructura edilicia del Jardín de Infantes de 129 m2, lo que vino a dar una solución integral e inclusión a todas las Comunidades de la zona. En esta misma línea de acción, se otorgaron por parte del IPV, un centenar de viviendas y otros beneficios que se han ido concretando, para favorecer a niñas, niños y adolescentes. Hemos recepcionado y creado los espacios de dialogo en el Organismo de la Constitución con el Presidente del Concejo del Paraje de Santo Domingo,( Poxoyagaic Alhua) señor José Martin Barrios y otros originarios de San Carlos y Riacho de Oro quienes presentaron una Nota donde pedían la ejecución del Relevamiento Territorial, construcción de más viviendas, electrificación rural, reductores de velocidad, creación de la Sala de JIN de 4 años y nombramientos de maestros MEMAS y personal de servicio, “esto fue concretado en fecha 22 de agosto del 2015, siendo recepcionado los mismos, el día 24 de agosto en la sede de la Defensoría del Pueblo a las 10:30 hs aproximadamente.

El Defensor del Pueblo, señalo que sin criminalizar ninguna protesta social, pero dejando bien en claro que no existen derechos absolutos, de todas las peticiones en lo que respecta al relevamiento territorial existe la Actuacion Nº 153,de fecha 14 de setiembre del corriente año, que rola en el Expediente Nº 008-letra D- 15 y por el cual el Presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes, Señor Esteban Máximo Ramírez, nos comunico que se viene realizando de manera conjunta con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Dirección de Catastro de la Provincia, las tareas de relevamiento territorial, jurídico y catastral de las tierras que ocupan los diferentes pueblos aborígenes de Formosa , en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 26160 y siguiendo los planes de trabajo que se iniciaron en las comunidades ubicadas en el extremo oeste por razones de organización y fundamentalmente de tiempo, han sido divididas en etapas que se cumplen actualmente en cada uno de los nueve (9) departamentos de la Provincia. Así hoy se está trabajando en el Departamento Patiño y se avanza rápidamente para concluir con el mencionado Plan de Trabajo para todos aquellos lugares que reúnen las condiciones exigidas por la Ley Nº 26.160.

En lo que hace a las viviendas, el IPV se encuentra avanzadamente trabajando en el Expediente D- 6799/15 y D- 8212/14 para otorgar en su momento soluciones y respuestas a los pedidos de estas Comunidades antes mencionadas.

Asimismo también en lo que respecta a la colocación de -reductores de velocidad o lomos de burro-, sobre la Ruta Nacional Nº 95, la Dirección Nacional de Vialidad Distrito Nº 22 a cargo del Ing., Horacio Cuño ya nos ha manifestado que existe una imposibilidad “legal de construir estas estructuras en una Ruta Nacional, pero que se realizaran mayores números de señalizaciones y otros trabajos para evitar accidentes de tránsito”. En lo que respecta a los otros puntos, todos han sido gestionados y debidamente acompañados por diferentes Áreas del Estado Provincial y la Defensoría del Pueblo.

Por último el funcionario señalo que este corte de ruta, está siendo promovido por el Concejal Diego Romero, y otras personas quienes equivocadamente alientan este tipo de delitos federales por los cuales con seguridad los distintos miembros de estas Comunidades serán citados por el Juzgado Federal en turno y se ordenara como lo viene haciendo la Justicia en estos últimos tiempos el desalojo de esta traza. El Defensor del Pueblo señalo que el citado Concejal no solamente promueve los cortes de rutas, sino que también provee de mercaderías y otros elementos a quienes realizan el corte, y perjudican a los ciudadanos que viven actualmente en la jurisdicción de Subteniente Perin y de todo nuestro oeste provincial y por ello lo llamo personalmente a la reflexión y que procedan a dejar de lado estas acciones de hecho, puesto que no podemos continuar trabajando en forma conjunta si una de las partes rompe las reglas de juego y pretende extorsionarnos de esta manera, pues lo único que se lograra y se está logrando, “es perder mayor cantidad de tiempo, debiendo saber y conocer los Caciques y los integrantes de las distintas Comunidades , quienes son los que realmente los quieren ayudar y aquellos que descaradamente los utilizan para fines que nunca seguramente se animaran a decirlo públicamente”.