La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina -ADPRA- expresó su profunda preocupación por la grave crisis alimentaria que atraviesa nuestro país, con especial énfasis en la situación de pobreza y falta de acceso suficiente a alimentos que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes. Los Ombudsman de todo el País, señalaron que, debemos considerar el papel crucial que desempeñan los comedores y merenderos comunitarios como una red de contención frente a la pobreza estructural, proporcionando una comida importante al día para muchas familias necesitadas. En ese sentido, la interrupción en la provisión de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano constituye una grave violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, poniendo en riesgo su salud y desarrollo. Por ello, es necesario reactivar, de manera urgente, la entrega de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios, destacando que la alimentación de millones de niños y niñas no puede esperar, y asegurando la calidad de los alimentos ofrecidos conforme las Guías Alimentarias promovidas por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ante este panorama, la falta de fundamentación del Ministerio de Capital Humano para justificar la interrupción de la entrega de alimentos genera incertidumbre y preocupación entre la población necesitada.
La Asociación recordó que es responsabilidad del Estado Nacional proteger a las niñas, niños y adolescentes, y estas obligaciones están siendo incumplidas por el Ministerio de Capital Humano. Más aún, la crisis social y económica que enfrenta el país está evidenciada por diversos indicadores como el alto índice inflacionario, el aumento de los precios de los alimentos, el desempleo y el incremento de tarifas de servicios básicos. Afirmaron que, el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental reconocido tanto a nivel nacional como internacional que debe ser garantizado por el Estado en todas las circunstancias, especialmente en situaciones de emergencia. Cabe destacarse que la obligación de los Estados, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es de propiciar acciones para garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada. ADPRA reparó, además, en el reconocimiento constitucional del derecho a un nivel adecuado de vida, que incluye el derecho a la alimentación, y la obligación del Estado de asegurar este derecho, especialmente en situaciones de falta de empleo regular o inestabilidad económica. En consecuencia, prima la necesidad de adoptar medidas urgentes y efectivas para garantizar el acceso a la alimentación de todos los habitantes del país, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad, por lo cual, la Asociación solicitó: 1) Declarar la emergencia alimentaria nacional hasta que los índices de pobreza e indigencia desciendan por debajo del 30%, asegurando así una recuperación sostenible y duradera de la situación alimentaria en el país. 2) Adoptar medidas urgentes para reanudar la entrega de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios, garantizando el acceso a una alimentación adecuada para todos los ciudadanos y asegurando la calidad de los alimentos ofrecidos conforme a las Guías Alimentarias promovidas por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. 3) Implementar políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la crisis alimentaria y promuevan el acceso equitativo a una alimentación saludable para todos los argentinos. 4) Promover y orientar el consumo de alimentos saludables como parte de las políticas públicas alimentarias, reconociendo la importancia de una alimentación adecuada para la salud y el bienestar de la población, de acuerdo con el Pronunciamiento N°7 «Seguridad alimentaria para la niñez y la adolescencia». 5) Facilitar la compra y elaboración de comidas con alimentos frescos en comedores comunitarios, promoviendo así una alimentación más nutritiva y variada. 6) Garantizar la provisión adecuada de leche y alimentación para las mujeres embarazadas, reconociendo que la seguridad alimentaria durante el embarazo es crucial para el adecuado desarrollo fetal y el bienestar de la madre, contribuyendo así a la seguridad alimentaria en la primera infancia.