-Gialluca adelantó que, el Organismo de la Constitución no descarta acudir a la Justicia por el financiamiento de la Caja de Previsión Social, se solicitará además al Congreso Nacional, trate el Proyecto de Transición hacia un Ordenamiento Previsional-
Mediante un DNU, publicado el día miércoles en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei, “eliminó varios artículos de la Ley de Presupuesto N° 27.701 de 2023, prorrogada para este año, que actualizaba los giros que la ANSES debía mandar a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas provisionales a la Nación, entre ellas la de Formosa”. En los hechos, esta medida ya estaba vigente desde enero pasado, porque desde ese mes la ANSES, no giro más fondos a la Caja de Previsión Social. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, recordó que, el Ministro de Economía Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez ya había denunciado “que el Gobierno continuaba sin mandar los fondos comprometidos a las Cajas de Previsión Social de las provincias, dejándolas desfinanciadas y acumulando deudas de varios meses”. El mismo Ibáñez informó que, la ANSES arrastra una deuda de muchos años, no desde ahora, continúa pasando cuentas, pero con valores del año 2020. Estos son fondos que las provincias deben recibir de forma mensual como parte del Compromiso Federal firmado en 1999, donde el Gobierno Nacional acordó el pago a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. Gialluca, agregó que este DNU “también eliminó el artículo 81 de la Ley de Presupuesto prorrogada para este año, eliminando los subsidios para el transporte público de pasajeros por automotor Urbano y Suburbano del interior del país”. Agregó el Defensor del Pueblo que está decisión del Gobierno consolida una grosera discriminación entre provincias. Parte del financiamiento del ANSES proviene de la asignación específica de impuestos coparticipables. Entonces a través de un mecanismo de excepción, las provincias dejan de recibir esos recursos para reforzar los ingresos del sistema de seguridad social. Lo que establece el DNU, “es que con los recursos que APORTAN TODAS LAS PROVINCIAS, se cubrirá el 100% del déficit previsional de algunas jurisdicciones y el 0% del resto de las provincias, lo cual es claramente arbitrario e ilegal”.