-Gialluca señaló que, nadie vive en una burbuja y sabemos que la actual situación económica es apremiante, que existe un malestar social generalizado, que se ha agravado por las modificaciones aprobadas, “pues no existe una relación de iguales entre inquilinos y propietarios y mucho menos aún con las inmobiliarias”. Añadió el Funcionario Provincial que, lamentablemente los diputados que acompañaron estos cambios, son los que rechazan el Rol del Estado, y pretenden que todo sea manejado por el mercado, priorizando intereses sectoriales y por ello, consideramos que, esta ley debe perfeccionarse para proteger a los más de 9 millones de argentinos que viven de alquiler, lo que nos lleva a no acompañar Institucionalmente las modificaciones concretadas-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, las modificaciones a la Ley de Alquileres concretadas en la Cámara de Diputados y cuyos puntos más sobresalientes fueron modificar la duración de los mismos a 2 años, y una actualización del costo cada 4 meses en lugar de cada 1 año, perjudica notoriamente a los inquilinos. Retrotraer la duración del contrato y aumentar cada 4 meses es perjudicial para el inquilino, ya que habrá ajustes superiores que los que existe ahora con el Índice para Contratos de Locación (ICL). Señaló que, la actual legislación no está funcionando porque faltan controles del estado para que la Ley se termine de implementar y las inmobiliarias tengan que acatarlas, puesto que la mayoría continúan con la modalidad de contrato de 2 años. Entendemos que el ICL -Índice para Contratos de Locación- en este contexto inflacionario había quedado desfasado, se debió tener un debate serio a favor del inquilino, que es el eslabón jurídico más débil de la relación. Para cualquiera pagar 110% de un mes para otro, es un inaceptable golpe al bolsillo, esto se debe discutir en el Senado de ahora en adelante. Consultado el Funcionario Provincial sobre el accionar de Javier Milei en este tema, señaló que, concurrir y dar quórum, sin debate alguno, evidencia una gran irresponsabilidad Institucional para quien pretende ser Presidente de la Nación. Lo mismo cabe para diputados nacionales que votaron estas modificaciones y a los cuales se les ha probado que poseen más de 50 propiedades en alquileres, los que se deberían haber abstenido de intervenir en este tema, pues son partes interesadas y tratan de “convencer a la sociedad de que el Estado no debe de mediar a favor de los inquilinos, con lo cual, estaríamos directamente, abandonándolos a su propia suerte y dejando que los propietarios les exijan alquileres en dólares sin ninguna clase de contralor, lo que no sucede en ningún país del mundo”.