-El Defensor del Pueblo señaló que, existe profunda preocupación en los padres por la falta de cobertura de las obras sociales nacionales y también por los psicopedagogos, psicólogos, acompañantes terapéuticos, maestros de apoyo y otros, que desde marzo no perciben salarios-
En atención a que el jueves 8 y 9 de junio del corriente año, los profesionales que brindan prestaciones de “Módulo de Apoyo” entre los que sobresalen psicopedagogas, psicólogas, maestras especiales, que asisten a niñas/os y adolescentes con diversas discapacidades, no brindaron sus servicios por la demora en pagos de las obras sociales nacionales desde el mes de marzo del 2023 y que no han sido cargadas a la página de la Superintendencia de Servicios de Salud, desde la Defensoría del Pueblo, se Intimó con carácter de urgente a la Responsables de la Superintendencia de Salud Delegación Formosa a cargo de la Lic. Jael Amarilla, con el objeto de dar una pronta respuesta a esta grave situación, para obtener el respeto de los derechos de los trabajadores antes citados, los cuales, han obtenido un aumento del 4,5% para mayo y del 5% para junio, el cual, es absolutamente insuficiente en el marco de una inflación proyectada del 9% para el mes de mayo, y con una inflación interanual de más del 40%, resulta una provocación y una ofensa contra los ingresos de estos sectores. Los profesionales del medio, señalaron a la Defensoría del Pueblo que, este ajuste en nuestros honorarios se da en el marco de una crisis abierta en discapacidad que se vio reflejada el año pasado con las enormes movilizaciones que hubo en todo el país durante dos semanas por la interrupción en la cadena de pagos, donde el Gobierno Nacional reconoció una crisis a nivel general. Al mismo tiempo, la CGT viene apuntando contra las prestaciones de discapacidad debido a un déficit en el -Fondo Solidario de Redistribución-, dado por una baja en la recaudación directamente ligada al crecimiento del trabajo informal en nuestro país debido a la destrucción de puestos de trabajo, a las continuas reducciones de aportes patronales y al crecimiento de los negociados privados en la salud. Gialluca recordó que la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), “deben tomar parte en esta situación para que las transferencias correspondientes se regularicen y de esa forma, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), libere las mismas, toda vez que la discapacidad en su conjunto, constituye una prioridad para nuestra Institución, pues, si bien en nuestra provincia los establecimientos escolares públicos cuentan con estas asistencias, no menos cierto, es que son miles las madres y padres que denuncian actualmente cómo las obras sociales no están cubriendo estas prestaciones, lo que sí, se encuentra normalizado en todos los beneficiarios del Programa Incluir Salud y los afiliados del IASEP que vienen realizando sus pagos regularmente”.